Ejecutan a Francisco Alejandro Leyva Aguilar; periodista que denunció hostigamiento bajo el gobierno de Salomón Jara
Francisco Alejandro Leyva Aguilar, periodista de 53 años, director de Canal 16 y conductor del programa Primera Línea, fue ejecutado a balazos mientras comía en un restaurante de Oaxaca. Sujetos armados en motocicleta entraron al establecimiento y le dispararon a quemarropa. Una mujer resultó herida. La fiscalía estatal asegura tener videos del ataque.
Leyva Aguilar no era un improvisado: era un periodista premiado con el Ricardo Flores Magón, con trayectoria sólida y una columna política donde cuestionaba directamente al poder. Y lo más grave: había denunciado hostigamiento y presiones de autoridades locales por su labor periodística. En Oaxaca, eso es una sentencia.
El crimen ocurre en un estado gobernado por Salomón Jara, quien ha mostrado desprecio abierto hacia los medios no alineados con su administración. Ha acusado a periodistas de ser “golpistas”, “corruptos” y “voceros de intereses oscuros”. Organizaciones como Artículo 19 documentan que su gobierno ha negado acceso a eventos oficiales, ha presionado mediante retiro de publicidad y ha tolerado campañas de hostigamiento contra comunicadores.
Desde que Morena tomó el control de Oaxaca, las agresiones contra la prensa han aumentado. El Mecanismo de Protección para Periodistas reporta más amenazas, más ataques y menos investigaciones. La impunidad es la norma.
Según Reporteros Sin Fronteras, Leyva Aguilar es el séptimo periodista asesinado en México en lo que va del año. La fiscalía estatal pedirá apoyo federal, pero en México las investigaciones rara vez avanzan cuando los comunicadores son ejecutados.
La muerte de Leyva Aguilar no solo es un ataque contra un periodista: es un mensaje en un estado donde el poder político ha normalizado el desprecio hacia la prensa crítica. En Oaxaca, informar sigue siendo una actividad de alto riesgo, y el silencio se impone a balazos.
El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas registró un aumento de agresiones en Oaxaca durante la administración de Jara, incluyendo amenazas, hostigamiento y ataques físicos. Organizaciones como Artículo 19 documentaron que el gobierno estatal ha sido omiso en investigar agresiones contra periodistas y que mantiene una relación de tensión permanente con medios independientes.
En ese ambiente, la crítica se convierte en riesgo. La ejecución de Leyva Aguilar no solo es un ataque directo contra un periodista: es un mensaje en un estado donde el poder político ha normalizado el desprecio hacia la prensa que no se somete. La fiscalía estatal anunció que pedirá apoyo de la fiscalía federal, pero en México las investigaciones rara vez avanzan cuando los comunicadores son asesinados.
La muerte de Leyva Aguilar vuelve a exhibir la fragilidad del periodismo regional y la incapacidad del Estado para garantizar lo mínimo: que un periodista pueda comer sin ser ejecutado.
