El Silencio como Doctrina de Estado; Cuando la Censura Protege al Crimen
La democracia no muere de un golpe seco ni de un día para otro; perece en el momento exacto en que los gobernantes deciden que la verdad es un estorbo y que la fiscalización pública constituye un delito de lesa majestad. Las políticas impulsadas desde el poder central para acallar, cercar y deslegitimar a los medios y periodistas independientes no son simples diferencias ideológicas: representan una estrategia deliberada de cerco informativo. Al poder no le incomodan los errores de la prensa; le aterra su memoria, su rigor y su capacidad de evidenciar la podredumbre institucional.
Cuando un régimen asfixia a la opinión crítica, destruye el sistema nervioso de la sociedad libre. Sin medios que investiguen, cuestionen y pongan contra las cuerdas al poder, el ejercicio democrático se reduce a una farsa donde los ciudadanos votan a ciegas mientras la clase gobernante opera a sus anchas. La censura actúa como un anestésico social: borra el debate, disfraza la incompetencia y, lo más grave, abre una autopista de impunidad para que los corruptos y las organizaciones criminales operen sin que ninguna voz incómoda los exhiba ante la luz pública.
Los estragos de esta simulación democrática no son teóricos; tienen nombres, rostros y tumbas. Lo ocurrido en el proceso electoral de Sinaloa en 2021 es el ejemplo más claro y ruin de cómo opera la narcopolítica cuando los contrapesos informativos son minimizados. Aquella jornada no fue una elección competida, sino una operación quirúrgica del crimen organizado levantando operadores, amedrentando comunidades y robando urnas para asegurar la gubernatura de Rubén Rocha Moya.
Pese a los señalamientos públicos y a las investigaciones documentadas por agencias internacionales que sostienen que el Cártel de Sinaloa financió y operó esa campaña a cambio de protección política, la justicia en México ha guardado un silencio cómplice. ¿El saldo para los verdaderos contrapesos? Mientras los operadores de la violencia consolidaban su poder político, los periodistas que se atrevieron a documentar la tragedia pagaron con la vida y la persecución.
La impunidad estructural no se sostiene solo con balas, sino con flujos millonarios de dinero sucio. A este entramado se suma el escándalo del financiamiento ilícito a través del contrabando de combustible —el llamado huachicol fiscal— operado por personajes clave como el difunto Sergio Carmona, cuyas redes de complicidad y entrega de recursos salpicaron directamente las campañas de diversos abanderados de Morena a gubernaturas y a la propia presidencia de la República de la mano de operadores políticos como Mario Delgado.
¿Cómo se explican campañas faraónicas y despliegues millonarios de propaganda sin la inyección de recursos provenientes del crimen organizado y del saqueo energético? Es precisamente por esta razón elemental que la opinión pública libre les estorba. Si los ciudadanos conocen el origen real del dinero que pavimentó las aspiraciones de quienes hoy mandan, los procesos electorales perderían todo sustento de legitimidad.
Ante la imposibilidad de rebatir con argumentos los datos duros, las investigaciones sobre redes de corrupción y los nexos inconfesables con el narcotráfico, el oficialismo ha optado por la vía más rápida: la persecución sistemática. La censura institucional de hoy es la antesala de la agresión física de mañana.
Hostigar en tribuna, recortar publicidad oficial a los críticos, fabricar carpetas de investigación y tolerar un clima donde la persecución, la tortura, la desaparición y el asesinato de comunicadores se han vuelto la norma, demuestra la verdadera naturaleza de un régimen que teme al espejo. Si se destruye la libertad de expresión, lo único que sobrevive en pie es la dictadura de los carteles y de los corruptos con fuero.
