Un ciudadano logró que la justicia federal le otorgara un amparo para obligar al Congreso del Estado de Colima a que legisle para garantice que los empleados del gobierno, tanto hombres como mujeres, tengan acceso a guarderías propias del Estado.
Sin embargo, a pesar de que el recurso federal fue decretado en noviembre pasado, los tribunos colimenses hicieron caso omiso a la sentencia y dentro de la discusión del presupuesto para este año, no asignaron recursos económicos para ello y tampoco hicieron las reformas a la Ley de los Trabajadores al Servicio de Gobierno.
Debido al incumplimiento, el Juzgado de Distrito otorgó tres días al Congreso local para cumplir con la sentencia y dicho plazo venció este viernes.
Ante esta situación y después del ultimátum federal, los legisladores aprobaron con 22 votos a favor reformar el artículo 54 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Gobierno, Ayuntamiento y Organismos Descentralizados del Estado de Colima.
En la modificación legal se agregó al artículo 54 lo siguiente: “además, las madres y padres disfrutarán del servicio de guarderías infantiles como lo señala el artículo 123, apartado B, fracción décimo primera inciso C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
También se modificó el artículo 69 de la mencionada ley con la finalidad de establecer que es responsabilidad de las entidades públicas, “cubrir las aportaciones que fijen las leyes específicas para que los trabajadores reciban los beneficios de acceder a los servicios sociales y a los servicios de guardería”.
A pesar de la modificación que se realizó ayer, los diputados locales no solicitaron a la gobernadora reasignar recursos económicos para garantizar la creación de guarderías en las que puedan inscribirse los hijos de los trabajadores.
Lo anterior a pesar de que el artículo tercero transitorio de dicho decreto establece que “los entes patronales que en su caso no establezcan para el ejercicio fiscal 2023 una partida presupuestal para brindar el servicio de guardería, deberán realizar los ajustes presupuestales a fin de garantizar dicho derecho”.
Aunque el amparo fue emitido en noviembre, los diputados hicieron las modificaciones legales hasta este viernes 16 de febrero, una vez que el juzgado de distrito les dio un plazo de tres días para cumplir con lo ordenado.