Todo le sale mal. J.I.P.S
Martín Flores Castañeda, secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado (STSGE), advierte que en estos momentos se vive en la entidad una situación sin precedente, “muy caótica, muy preocupante y muy desesperante”, porque desde la fundación del sindicato nunca se había dejado de pagar el salario a los trabajadores, quienes hasta el cierre de esta edición llevaban 44 días sin cobrar. Lo anterior es consecuencia de “una mala administración financiera, además de que se presumen actos de corrupción, pero corresponderá a las autoridades legalmente constituidas realizar una investigación profunda de las razones de este quebranto financiero y quien tenga responsabilidad tendrá que enfrentarse a la ley”.
Flores Castañeda refiere que el STSGE presentó demandas laborales ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón por la falta de pago de prestaciones y una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por no entregar las retenciones de cuotas sindicales.
Asimismo, el jueves 28 decenas de miembros del sindicato de burócratas se manifestaron en la Sala de Sesiones del Congreso local, donde solicitaron realizar una auditoría extraordinaria a toda la administración de Peralta Sánchez y, si se comprueban irregularidades, que se finquen las sanciones legales, administrativas y penales que correspondan.
Entre las presuntas anomalías detectadas en la administración peraltista por el equipo de transición de la gobernadora electa se encuentra la falta de claridad en los gastos de la obra del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación e Inteligencia, que originalmente estaba presupuestada en 808 millones pesos y el costo final rebasará los mil millones de pesos.
Vizcaíno también denunció que en 2018 el gobierno del estado tenía autorizada una partida de 1.7 millones de pesos para asesorías, pero finalmente gastó 97 millones en ese concepto mediante la contratación de empresas entre las que fueron detectadas sociedades mercantiles que han sido relacionadas con la práctica de “factureras”.
Explicó: “Prácticamente estos 97 millones de pesos se adjudicaron de manera directa, con oficios de excepción, sin llevar a cabo los procesos de licitación que marca la ley. Estas adjudicaciones directas con oficios de excepción se convirtieron en un hábito, en una práctica cotidiana y común de la Secretaría de Planeación y Finanzas”.
