Denuncian simulación en atención a crisis ambiental en el río Santiago

A 15 años de la muerte del niño Miguel Ángel López, de ocho años, quien murió intoxicado debido a la presencia de contaminantes en el río Santiago, asociaciones civiles, activistas, diputados federales y locales denunciaron simulación por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno para remediar los daños ambientales y sociales, así como para enfrentar la contaminación de origen industrial.

La diputada federal por Morena, Celicia Márquez, aseguró que a lo largo de los últimos 15 años se han realizado decenas de estudios por organizaciones gubernamentales, académicas y científicas que certifican «una crisis ambiental» en las aguas que corren por el río Santiago, mientras que la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente para contener el daño a la salud en las poblaciones de El Salto y Juanacatlán.

El presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto, Raúl Muñoz Delgadillo, afirmó que el Gobierno de Jalisco enfoca su atención en las afectaciones medioambientales que generan los residuos de las viviendas, cuando el verdadero problema se encuentra en las industrias que continúan tirando sus contaminantes al cauce del río.
Apuntó que el proyecto que presume el Ejecutivo estatal, denominado «Revivamos el Río Santiago», ha sido un «curita» para una infección que se debe de trabajar con eje en la salud pública y dejar de lado las posibles afectaciones económicas que puedan generar a los gobiernos y el sector privado.

Señaló que, según datos de las organizaciones locales, del 2008 a la fecha han fallecido alrededor de 1973 personas por contaminación ambiental. Las principales causas de muerte son la enfermedad renal, cáncer y enfermedades pulmonares.

Las empresas, principales responsables del colapso socioambiental que se vive en el río Santiago y el Lago de Chapala siguen siendo intocables por los tres niveles de Gobierno, a pesar de que la contaminación está comprobada de manera oficial en diferentes estudios realizados del 2008 a la fecha por las autoridades, los investigadores y las organizaciones civiles, nada a cambiado, las empresas continúan impunes.
En 2016, Greenpeace México dio a conocer el reporte «Alto a la Catástrofe Ecológica del Río Santiago», estudio que analizó el agua de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) el reporte encontró 101 químicos orgánicos aislados, algunos considerados de alto riesgo para la salud de las personas y del ecosistema, y de los cuales al menos 22 ni siquiera están regulados en México.

El activista mostró una botella de agua recolectada de la planta tratadora de «El Ahogado», líquido que ya había sido procesado, al cual se le podían notar partículas de metales y otros contaminantes.

La representante de la Unión de Pueblos y Organizaciones de Jalisco por el Agua, la Salud y el Territorio (UPOJAST), María González, puntualizó las exigencias de los colectivos, víctimas y activistas:

El saneamiento integral del río Santiago, enfocándose en las causas estructurales: cero vertidos de las empresas (circuitos cerrados) y la atención inmediata a la salud de las personas.
El cumplimiento de parte del Estado mexicano del derecho a la reparación integral de los daños de las personas y los ecosistemas.
Cumplimiento al pie de la letra de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre las que destacó la medida No. 708-19, resolución 07/2020, a favor de los pobladores de las zonas aledañas al Río Santiago y el Lago de Chapala, tras considerar que se encuentran en situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos a raíz de la contaminación ambiental en el Río Santiago y el Lago de Chapala.
A 15 años de la muerte de Miguel Ángel López, sin justicia y en medio de amenazas
Hace 15 años, el niño Miguel Angel López Rocha, de tan sólo ocho años de edad, jugaba a las afueras de su casa cuando resbaló y cayó en la unión del canal El Ahogado con el río Santiago, en la colonia La Azucena en El Salto, Jalisco.

El menor estuvo en estado de coma durante 19 días hasta fallecer el 13 de febrero de 2008, intoxicado por la contaminación industrial que vierten las empresas de los diferentes corredores industriales en la zona.
La causa de muerte del menor fue el centro de una gran polémica, en la cual hubo desde insinuaciones de que había muerto por abuso de drogas hasta la acusación de que había fallecido envenenado por su madre. El diagnóstico toxicológico original se reivindicó en marzo de 2010 con la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) que concluyó que Miguel Ángel: «presentó una intoxicación aguda por arsénico derivada del grave estado de contaminación del río Santiago» (CNDH, 2010).

A pesar de que se sabe que su muerte fue a causa de una intoxicación derivada de las condiciones medioambientales del río, el presidente del Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto subrayó que su familia continúa siendo amedrentada en la búsqueda de justicia por la muerte del menor.
Comentó que previo a la realización de la rueda de prensa, se les llamó para amenazarlos de desistir de encabezar el evento público o de lo contrario se haría caso omiso a los amparos presentados para que sean reconocidos como víctimas y se les dé el monto económico que corresponde como reparación del daño, pues señaló que, a 15 años, sólo les dieron «una dádiva» para que se mantuvieran callados.

La familia López Rocha no asistió a la rueda de prensa en conmemoración a la muerte de su hijo debido a las presiones presuntamente por parte del Gobierno de Jalisco, además de que el padre de Miguel Ángel se encuentra delicado de salud debido a la enfermedad renal que padece.

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