La problemática de violencia derivada del crimen organizado que vive Michoacán actualmente en sus regiones Tierra Caliente y Costa Sierra tienen repercusiones importantes en Colima, que al parecer el gobierno estatal no ha visualizado ni tomado en cuenta para prevenir problemáticas mayores en la entidad.
Se trata del desplazamiento forzado de muchas familias que se han visto en la necesidad de trasladarse a Colima, huyendo del peligro que representa para su seguridad la lucha de cárteles en sus lugares de origen o simplemente los enfrentamientos de grupos criminales con autodefensas o elementos de corporaciones armadas de distintos niveles de gobierno.
El caso más fuerte y sensible en estos momentos es la realidad que están enfrentando los habitantes del municipio de Chinicuila, ubicado en la región Costa Sierra, que colinda con los estados de Colima y Jalisco, así como con los municipios michoacanos de Coahuayana y Aquila, entre otros.
Desde hace dos años, ese pequeño municipio cuya cabecera municipal es Villa Victoria ha sufrido los embates de grupos de narcotraficantes que pretenden apoderarse de su territorio y para ello han protagonizado frecuentes enfrentamientos con los grupos de autodefensas de la Guardia Comunitaria y en ocasiones con la Guardia Nacional.
Sin embargo, el último mes ha sido el más difícil para los habitantes de Chinicuila, que han padecido la intensificación de los ataques, con balaceras contra el Palacio Municipal y las instalaciones del cuartel de la Guardia Comunitaria. Uno de los acontecimientos más graves ocurrió la semana anterior, cuando en una de las incursiones los integrantes de grupo del crimen organizado se introdujeron durante la madrugada a varias viviendas donde derribaron las puertas y según algunas versiones buscaban miembros de la Guardia Comunitaria.
Esto último provocó la salida de un grupo de familias, algunas de ellas afectadas directamente y otras no, pero a quienes el miedo las hizo desplazarse hacia otros lugares. Ese desplazamiento hacia otras poblaciones dentro de Michoacán o hacia Colima o Jalisco, incluso Estados Unidos, ya había venido ocurriendo de manera paulatina en los últimos dos años, a raíz de que se agudizó el clima de violencia.
Sin embargo, para las familias desplazadas de esa región de Michoacán, Colima es uno de los destinos más atractivos y más accesibles desde el punto de vista geográfico y de servicios públicos, por lo que resulta evidente que hacia esta entidad se han trasladado muchas de las familias y personas que huyen de la violencia de su lugar de origen.
Y esto no es nuevo, pues ya son muchos años de que se ha dado este proceso. Como ejemplo, basta con revisar los casos de asesinatos en Colima de personas que venían de Michoacán y ya se encontraban en Colima, como exalcaldes, activistas y hasta se dio el caso de un autodefensa asesinado en las instalaciones de la Central de Autobuses colimense.
Lo que está pasando ahora, sin embargo, con el crecimiento de los casos de familias desplazadas por la violencia, debería generar en el gobierno de Colima la instrumentación de medidas preventivas y paliativas para evitar que en el futuro este fenómeno se convierta en un problema social al que por su crecimiento y arraigo, ya no se le pueda encontrar una solución adecuada.
La actuación de las autoridades colimenses en estos casos debe ir desde garantizar los servicios públicos que necesitan los visitantes, hasta realizar un diagnóstico sobre las causas del fenómeno social del desplazamiento forzado y los efectos que genera en Colima, tomando medidas adecuadas para prevenir que la inseguridad que ya se vive en nuestro estado se multiplique a otros niveles como resultado de esa dinámica.
Además, no hay que dejar de lado que además del desplazamiento forzado de familias michoacanas a Colima, también está el caso de los 300 migrantes centroamericanos que recibió el estado mientras regularizan su situación migratoria en su camino a Estados Unidos, que se suman a la natural inmigración irregular que ya existía desde antes.
Los anteriores son retos que requieren una atención responsable, sensible e inteligente de parte del gobierno colimense.