Derechohabientes han presentado cientos de amparos masivos en varios estados del país, y el instituto todavía no logra la recuperación de más de 2 mil millones de pesos

A cuatro años de haberse dado a conocer el fraude contra unas 60 mil familias que habrían sido despojadas de sus viviendas en siete estados del país, con un quebranto de 2 mil 257 millones de pesos que involucró al Infonavit y a integrantes del Poder Judicial en Nayarit, sólo hay dos ex magistrados en prisión de más de una veintena de involucrados.

En diciembre de 2018, la Fiscalía General de Nayarit denunció por medio de un comunicado que entre los años 2013 y 2018, de manera ilegal, se entablaron juicios en contra de unos 60 mil derechohabientes del Infonavit que habían caído en cartera vencida, con el fin de despojarlos.

Se trató, de acuerdo con la fiscalía, de una estrategia de complicidad entre magistrados y jueces de Xalisco, Compostela y Bahía de Banderas, así como de un notario y un despacho de abogados externos que recuperaban cartera vencida del Infonavit, cuyo objetivo era despojar de sus viviendas a las personas a través de juicios en los que, en muchos de los casos, desconocían de esa demanda.

Si bien las viviendas de derechohabientes del Infonavit se encontraban físicamente en los estados de Chihuahua, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas, todos los juicios se presentaron ante el Poder Judicial de Nayarit.

La fiscalía estatal explicó que la operación de fraude fue en dos periodos. De 2013 a 2015, en juzgados de Xalisco y Compostela se entablaron procesos contra uno o dos demandados, pero en el despacho particular contratado por el Infonavit para la recuperación de cartera vencida se tramitaban “juicios espejo” contra miles de demandados, a través de la falsificación de constancias, además de que no se notificaba a los derechohabientes sobre el juicio para quitarles su vivienda, lo cual concluía en sentencias que devolvían las propiedades al instituto.

Dichas viviendas eran adjudicadas por el Infonavit a terceros en sólo 75% del valor del avalúo para su reventa.

Una segunda etapa del fraude se detectó en dos juzgados de Bucerías, en el municipio de Bahía de Banderas, a finales de 2016.

Por estos hechos se abrió la indagatoria por los presuntos delitos de falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado, así como delitos contra la administración de la justicia y cometidos en la custodia de documentos.

La Fiscalía General de Nayarit presentó en diciembre de 2018 una solicitud de declaratoria de procedencia en contra de cuatro jueces y dos magistrados ante el Congreso del Estado.

A la fecha han sido imputados el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, Pedro Antonio Enríquez Soto, y el ex magistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado, ambos en prisión, cuatro jueces de Primera Instancia, así como secretarios de Acuerdo, notificadores y personal administrativo de Juzgados de Primera Instancia de Xalisco, Compostela, Bucerías 1º. Civil, Bucerías 2º. Civil, y un exjefe de archivo del Poder Judicial del Estado.

También se ha imputado a un despacho externo que trabajaba con el Infonavit y a ex apoderados del instituto; al ex director de Convenios y/o gerente de Titulación del Infonavit, y al ex titular de la Notaría 3 con sede en San Blas, Antonio Humberto Herrera López.

Como parte del proceso, los jueces Braulio Meza Ahumada y Mario Alberto Cervera López cuentan ya con una sentencia de procedimiento abreviado, con una reparación del daño por un millón de pesos. En tanto, al notario Herrera López se le fijó una reparación del daño por 2 millones de pesos, informó la Fiscalía de Nayarit a MCCI.

Se otorgaron criterios de oportunidad a los imputados Eva Alicia Rodríguez Mora y María Consuelo Medina Olvera, con una reparación del daño por 500 mil pesos. Los demás imputados se encuentran a la espera del juicio oral, manifestaron en la fiscalía.

A excepción de los ex magistrados que siguen en prisión, los imputados llevan su proceso en libertad, con medidas cautelares como la firma periódica ante los juzgados competentes.

La fiscalía estatal precisó que la mayoría de los derechohabientes mantienen la posesión de sus viviendas, aun cuando se concretó el cambio de propietario: “Los afectados han promovido alrededor de 500 amparos masivos en diferentes estados de la República… [y] se ha ordenado la reposición de los procesos”, puntualizó la dependencia estatal.