El gobierno del Estado no han transparentado el uso de un crédito por 740 millones de pesos que en julio de 2020.

Ni la comisión de fiscalización creada en el Congreso del Estado ni el gobierno del Estado han transparentado el uso de un crédito por 740 millones de pesos que en julio de 2020, la mayoría de diputados locales le autorizó al gobernador, Ignacio Peralta Sánchez.

Según el decreto 286, del empréstito -que pagarán los colimenses durante los próximos 20 años- 500 millones se utilizarían para el equipamiento del C5; 100 millones de pesos para atender la emergencia sanitaria por Covid-19; 40 millones de pesos para la remodelación de Palacio de Gobierno y los 100 millones de pesos restantes los utilizaría el gobierno como una reserva.

En la sesión del pasado lunes, los diputados Vladimir Parra Barragán y Claudia Aguirre Luna –opositores al endeudamiento- reprocharon al mandatario la opacidad con la que ha ejercido el recurso y le espetaron que el C5 es una obra que ni si quiera se ha concluido.

En el mismo decreto 286 y que tiene fecha del 8 de julio de 2020, los diputados aprobaron la creación de una comisión de Seguimiento del empréstito y determinaron que el diputado local, Francisco Rodríguez García fuera el presidente de la misma.

Sin embargo, la Comisión de Seguimiento del Empréstito no ha hecho público ninguno de los informes para conocer el destino del recurso, las compras que se realizaron con el dinero, y la situación en la que se encuentran los 100 millones de pesos que se autorizaron como reserva. 

El Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios de la Secretaría de Hacienda reveló que el pasado mes de diciembre el gobierno de Colima ejerció dos créditos a largo plazo (pagaderos por los próximos 20 años) y que suman los 740 millones de pesos aprobados por el Congreso.

El primero de los pasivos fue el 12 de diciembre, 240 millones de pesos y el segundo, el 24 de diciembre por 500 millones de pesos. El ejercicio del  empréstito se llevó a cabo durante diciembre, un mes donde el propio gobernador reconoció una serie de problemas financieros  para cubrir el aguinaldo de los burócratas y el inicio de la insolvencia financiera de la entidad.

Los dos créditos anteriores son independientes a los pasivos a corto plazo por 550 millones de pesos que el mismo mandatario colimense ejerció también en diciembre y que el lunes pasado reconoció que fueron para cubrir los compromisos de fin de año.