No se puede continuar fomentando esa dominación como estrategia de control social; la política de censura debe empezar a erradicar ese pasado de repudio social, cuyo rasgo distintivo era someter y desanimar las protestas civiles mediante golpes y artefactos.
Enrique Alfaro pasa por alto que las exigencias sociales deben abrir el espacio del pluralismo.
Los actos violentos que perpetró el gobernador Enrique Alfaro, nos remiten a los movimientos estudiantiles que, hasta la época actual de las administraciones del PRI, fueron reprimidos por las autoridades estatales; de estas prácticas autoritarias no existe una diferencia con lo que ocurrió en la capital del Estado de Jalisco.
Estos episodios de represión excesiva nos llevan a los sucesos más negativos que han definido el rumbo social y político de un territorio, que sin razón reaccionó con una ira desmedida, frente al derecho a expresarse libremente.
Estos sucesos evidencian la incapacidad para disentir y cuestionar acciones que afectan directamente a diferentes sectores sociales; la sociedad se siente molesta de tales acciones, ya que evidencian la realidad presente frente al gobierno.
Si se produce una decepción por parte de la administración, es probable que las políticas públicas no estén en sintonía con las promesas de campaña que en teoría formularon un movimiento que acoge las causas sociales.
En este contexto, debe prevalecer el diálogo, la comprensión, pero también la razón y la conciencia; el ambiente experimentado en Guadalajara nos hace recordar lo que reiteradamente ha ocurrido en protestas estudiantiles, sindicales y de organizaciones sociales que solo buscan ser atendidos con sus exigencias.
Si cualquiera de los dos tiene la culpa, no deben prevalecer esas atrocidades vergonzosas de jóvenes golpeados a mansalva, frente a la mirada indiferente de la sociedad.
La insatisfacción por el incremento en las tarifas del transporte público no debe ser el motivo para exacerbar la fuerza de las empresas del orden público y de esos colectivos de choque que frecuentemente recurren a métodos más irracionales para consolidar y neutralizar las protestas.
Es necesario que el gobernador reflexione sobre estas acciones, es inusual que todavía hoy en día presenciemos esos escenarios de violencia con golpes y patadas.
Basándose en estos eventos, el ejecutivo del Estado tiene la obligación de reparar ese perjuicio ya que la opinión pública se siente agraviada e indignada por tales acciones que solo generan el desdén y la animadversión de los representantes de la función estatal.
La problemática de gobernabilidad que atraviesa el Estado de Jalisco, se ha intensificado con el trato injusto que han sido objeto de los manifestantes.
La ofensiva que lleva a cabo el gobierno estatal, manifiestan el descontento que ya experimenta una sociedad que anhelaba un cambio significativo en esta administración que se instauró con una amplia aprobación de las mayorías y era vista como la esperanza de los ciudadanos.
Sin excepción a los programas sociales y a la garantía de un esquema integral para el Estado, debe prevalecer un ambiente de seguridad para los ciudadanos; no el abuso y la forma en que muchos jóvenes fueron censurados de forma explícita por la percepción que provocaron las imágenes y los testimonios que relataron estos sucesos.
La imagen del autoritarismo y la opresión de antaño, parecen haber resurgido en Guadalajara,
un suceso doloroso que interpreta los fragmentos más dolorosos de nuestra existencia democrática en la nación.
Ese fue uno de los eventos más significativos de la transición y el rechazo a los partidos tradicionales, la sociedad está agobiada por la corrupción y el nepotismo, pero también por los abusos y agravios por el simple acto de expresarse y opinar como derecho constitucional.
Alfaro, se propuso reivindicar ese pasado autoritario y conservador que tanto oscurecieron la democracia en nuestro entorno sociocultural.
Es doloroso, vergonzoso, pero también debe haber receptividad a la discrepancia que se refiere a esa fragilidad de gobernabilidad que el actual gobernador desarrolló durante sus etapas de campaña; este es un caso que establecerá un precedente de una jornada de varios agravantes que experimentaron un conjunto de jóvenes que protestaban contra un aumento inflexible en las tarifas del transporte público.
Es claro que estos comportamientos deben ser catalogados como: penosos, radicales, pero también al más puro estilo del presidencialismo omnipotente de aquel período del priismo represor.
En este escenario, es necesario realizar una petición a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con el fin de hallar los medios y recursos que aseguren el respeto y la protección de la integridad física y emocional de los adolescentes.
