Indira Vizcaíno Silva recibió del priista José Ignacio Peralta un gobierno colapsado, según se desprende de las denuncias presentadas contra el antiguo compañero de Luis Videgaray, por la presunta corrupción prohijada durante su administración.
Ascendido hace seis años a la gobernatura gracias a su amigo Luis Videgaray Caso, quien era el secretario de Hacienda en ese momento, el priista José Ignacio Peralta Sánchez concluye su gestión en medio del descontento popular, debido al colapso financiero y al ambiente de violencia e inseguridad que ha dejado en el estado.
Al culminar su periodo, el líder del Ejecutivo, que está por dejar su cargo, ya se enfrenta a una gran cantidad de demandas y acusaciones por supuestas irregularidades y actos corruptos, por lo que podría verse involucrado en procesos administrativos y judiciales.
La gobernadora elegida, la morenista Indira Vizcaíno Silva, quien tomará posesión el primero de noviembre, ha manifestado que ordenará una auditoría para examinar el uso de los recursos y averiguar las razones por las que Peralta dejará pasivos que superan los 11 mil millones de pesos.
“Si encontramos irregularidades cuya consecuencia fuera encarcelamiento y es nuestra responsabilidad denunciar, haremos lo que nos compete”, advirtió.
Con un título en economía del Instituto Tecnológico Autónomo de México –donde fue compañero de Videgaray– y una maestría en la misma área por la Universidad de Essex, Peralta solía presumir en sus reportes de gobierno haber logrado la reestructuración de las finanzas públicas de Colima, aunque estas se desmoronaron drásticamente en los últimos meses de su gestión.
El mandatario admitió la crisis económica el 29 de julio, al declarar que su administración pagó más de mil millones de pesos en créditos a corto plazo para cumplir con la Ley de Disciplina Financiera, lo que le dejó sin fondos para pagar los sueldos de más de 12 mil trabajadores y otros compromisos económicos durante el resto de su mandato.
A inicios de agosto, durante una visita a esta ciudad, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió ante empleados públicos, maestros, jubilados y pensionados a adelantar recursos federales para garantizar el pago de sus salarios, catalogándolo como “sagrado”.
Sin embargo, el gobierno federal solo envió fondos para cubrir las dos quincenas correspondientes a agosto y la primera de septiembre, lo que dio lugar a paros laborales en dependencias públicas y a masivas manifestaciones en las calles protestando contra el gobernador. Peralta culpó a la Secretaría de Hacienda de retener los fondos por motivos políticos, para que la nueva gobernadora sea la encargada de pagar las quincenas pendientes.
En el último día del periodo de la LIX Legislatura local, el 30 de septiembre, la fracción de Morena presentó una solicitud de juicio político contra el gobernador Peralta y el exsecretario de Planeación y Finanzas Carlos Arturo Noriega García, pero fue rechazada por la Comisión de Responsabilidades de la actual Legislatura, argumentando que se trata de un documento “plagado de irregularidades” y “viciado de origen”, que podría convertirse en “un artilugio legal que fomente la impunidad de los presuntos involucrados”, según el diputado priista Héctor Magaña Lara.
Entre las supuestas irregularidades halladas en la gestión peraltista por el grupo de transición de la gobernadora electa figuran la falta de transparencia en los costos de la construcción del Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación e Inteligencia, la cual fue planificada inicialmente con un presupuesto de 808 millones de pesos y cuyo costo final superará los mil millones de pesos.
