Arrestos, desalojos violentos, y persecuciones políticas y judiciales son algunas de las quejas planteadas por quienes defienden un espacio público que el gobierno de Guadalajara busca privatizar.
Un escándalo que involucra a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco por el Movimiento Ciudadano(MC), fue expuesto en un foro público en la Cámara de Diputados.
Este asunto, que presenta muchas irregularidades y posibles violaciones a los derechos humanos, podría generar una ganancia de cerca de 14 mil 800 millones de pesos, dinero que podría quedar en pocas manos y perjudicar la calidad de vida de miles de ciudadanos mexicanos.
Se refiere a la venta del Parque Huentitán, una operación llevada a cabo en 2016 mediante la firma de un acuerdo del gobierno de Guadalajara, cuando Alfaro Ramírez ejercía como alcalde, con una empresa privada; este acuerdo generó descontento entre los residentes de Huentitán, quienes iniciaron diversas acciones para impedir que este “despojo” se materializara.
Por eso, el martes 24 de enero, líderes del movimiento en defensa del parque se presentaron en la Cámara de Diputados, acompañados por la legisladora Cecilia Márquez Alkadef Cortes, de Morena, para detallar lo sucedido con respecto a lo administrativo, las omisiones del gobierno de Movimiento Ciudadano, la supuesta corrupción que favoreció los intereses privados, la persecución a la que se enfrentan y las violaciones a sus derechos humanos.
A pesar de que afirmaron que todas sus formas de resistencia civil eran legales, pacíficas y organizadas, las autoridades judiciales y ejecutivas actuaron de forma represiva, llegando incluso a encarcelar a un grupo de jóvenes bajo el cargo de“despojo a particulares”; sin embargo, su encarcelamiento fue breve y uno de ellos logró comunicar el mensaje.
Fue entonces cuando Javier Armenta presentó las condiciones del acuerdo entre Guadalajara y Operadora Hotelera Salamanca/Hoteles Rivera de Lux. Según el defensor de este espacio público, cada metro cuadrado del parque tiene un costo de 12 mil pesos, por lo que el precio por los 136 mil metros cuadrados sería de mil 632 millones de pesos; sin embargo, Enrique Alfaro finalizó el trato por 688 millones de pesos.
Además, se acordó que el pago se realizaría a más tardar en 2019; no obstante, esto no se cumplió. Si la empresa llega a desarrollar el terreno, como se proyectó, se construirían más de mil 800 departamentos a un precio de 3 millones de pesos cada uno, además de un centro comercial, un hotel y un mercado. En total, estas obras tendrían un valor de 14 mil 800 millones de pesos, y es este interés económico el que acusan de haber corrompido al gobierno, dándole prioridad a la empresa sobre sus habitantes.
Este no es el primer proyecto de este tipo en la región; de hecho, los residentes han expresado que estos desarrollos han deteriorado su calidad de vida, afectando notoriamente el suministro de agua potable y la calidad de este recurso esencial.
Sin embargo, las discrepancias no terminan ahí. Armenta mencionó que los alcaldes que sucedieron a Enrique Alfaro deberían haber terminado el acuerdo con la empresa, ya que se sobrepasó la fecha límite para el pago de 688 millones de pesos; sin embargo, añadió que, en un intento de competir con Alfaro Ramírez, “su líder político”, se negaron a hacerlo. Esta falta, “porque la falta también es corrupción”, recayó en Pablo Lemus.
Fue en ese momento cuando comenzó la persecución contra los vecinos y quienes estaban interesados en el Parque Resistencia Huentitán, dado que tanto Javier como otros cuatro activistas fueron encarcelados durante cinco días por “realizar un despojo a particulares”; sin embargo, cuestionó que si el pago no se ha realizado, el parque sigue siendo de acceso público. También recordó el momento en que fueron desalojados en medio de la noche por miembros de la Fiscalía General del Estado.
Como si esto no fuera suficiente, subrayó que en el caso legal en el que se encuentra, el juez no debería estar a cargo, ya que hay un claro conflicto de interés que incluye a la esposa del abogado relacionado con el caso del Parque Resistencia Huentitán.
Esto significa que, debido a su vínculo con su esposa,el juez no debería manejar el asunto, pero lo está haciendo.
