Indira Vizcaíno ha elevado los niveles de corrupción y falta de capacidad en su administración a cifras sin precedentes en la historia de Colima; actualmente, cualquier miembro de su equipo puede amenazar a ciudadanos, robar, otorgar contratos a amigos y parejas, desviar fondos para actividades políticas sin que haya consecuencias.
En Colima, nada parece suceder. No obstante, esto no aplica para los trabajadores del gobierno estatal y sus extensiones en el ámbito federal y en algunos ayuntamientos; para los colimenses, la situación es otra, pues viven con la angustia diaria de no saber si regresarán a casa con sus seres queridos tras salir.
Un ciudadano común enfrenta una serie de riesgos: desde ser víctima de un asesinato a manos de narcotraficantes, hasta ser asaltado brutalmente, golpeado hasta perder el conocimiento en la vía pública, secuestrado y desmembrado para luego desechar sus restos en terrenos abandonados, violado, o incluso quemado vivo en su vehículo o en algún lugar donde lo mantengan cautivo.
Por otro lado, un funcionario estatal, como Indira Vizcaíno, se desplaza acompañado de un grupo de seguridad compuesto por cerca de veinte guardaespaldas armados, recorriendo el territorio colimense en lujosas camionetas equipadas con el más alto nivel de blindaje, utilizado exclusivamente por narcotraficantes y presidentes de países.
Sus hijos también utilizan vehículos blindados y cuentan con sus propios escoltas; el padre de la gobernadora, quien actúa como co-gobernador de Colima, también se mueve en coches blindados, al igual que Ramón, quien se mantiene en la familia para conservar las apariencias y proteger sus negocios bajo el amparo del poder.
En lugar de una oposición que haga públicas todas las irregularidades del gobierno estatal, ciertos diputados del Congreso local han sido cooptados a cambio de empleos para sus familiares, dinero y, en algunos casos, amenazados con informaciones comprometedores sobre ellos y sus seres queridos.
Un delincuente como Rodolfo Castillo, que posee contratos millonarios con los municipios y empresas del gobierno federal, no se dejó convencer solo por dinero; es evidente que hay expedientes sobre su corrupción, razón por la cual su hija, la temperamental Kate Castillo, ahora aplaude a la gobernadora, a pesar de que el año pasado criticó que los hijos de Indira Vizcaíno pudiesen asistir al colegio con escoltas y vehículos blindados, mientras que el resto de la población no.
David Grajales, quien se benefició del asesinato de Roberto Chapula de la Mora, al asumir su puesto, lo primero que hizo fue unirse a MORENA y votar en sintonía con lo que les envían desde el Poder Ejecutivo. Es un legislador que debería sentirse avergonzado por traicionar los principios del ex diputado del Verde, quien al menos falleció con dignidad.
Convencer a los demás miembros no fue complicado; los diputados aliados son tan ineptos como los del Movimiento de Regeneración Nacional. Simplemente los emplean para aprobar las leyes e iniciativas que provienen del gobierno estatal y para leer en el pleno lo que les dictan los incompetentes y mercenarios de la oficina del gobernador, defendiendo así al régimen criminal de Indira Vizcaíno.
Indira Vizcaíno representa lo peor que le ha sucedido a Colima, que anhelaba a alguien que al menos fuera honesto y cumpliera sus promesas. La ex colaboradora de Nacho Peralta engañó a la población y, con financiamiento del crimen organizado, específicamente del Rey del Huachicol, logró ganar las elecciones por un margen muy estrecho, mientras su campaña estaba plagada de encuestas pagadas que la mostraban como muy popular.
Indira tiene las manos manchadas de sangre por recibir apoyo del narcotráfico. Es cómplice de los cárteles responsables del asesinato de miles de colimenses desde que rompió su promesa hecha durante la contienda electoral, cuando un miembro de la organización criminal que protege la Fiscalía General del Estado de Colima recibió la orden de asesinarla, así lo declaró la persona a quien se le encargó tal tarea y que rechazó cumplirla.
Los más de 14 millones de pesos que le fueron sustraídos a los trabajadores de confianza para financiar la campaña ilegal de Claudia Sheinbaum, con el objetivo de coordinar los comités de defensa de la cuarta transformación, son una inversión que Indira Vizcaíno realizó para asegurar su impunidad en el futuro gobierno de la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Pero ante el hecho de que su popularidad está decayendo y no logra conectar con la gente, Indira debería estar inquieta: un futuro presidente de la República no sentiría la obligación de ocultarla o protegerla, y podría enfrentar la cárcel por corrupción, ineptitud, cinismo y complicidad con el crimen organizado.
