El balance de la violencia hacia periodistas en México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador es significativo: 75 periodistas perdieron la vida y seis están desaparecidos, números que superan los registrados en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
“El estado de violencia e impunidad de estos casos en México persistió durante su sexenio e incluso se intensificó y agravó”, resalta un informe elaborado por Propuesta Cívica, entidad comprometida con la protección de la libertad de expresión y el apoyo jurídico de periodistas y sus familias.
La anticipación era elevada. El 1 de diciembre de 2018, en la tarde, Andrés Manuel López Obrador ascendió al escenario del Zócalo de Ciudad de México, con el apoyo de miles de individuos que lo acompañaban en su primer discurso como mandatario de México. Su discurso se prolongó durante una hora y 35 minutos, pero al minuto 75 hizo una promesa clave. Durante la ceremonia de entrega del bastón de mando, fue claro: en su mandato no existiría censura ni mucho menos homicidios de periodistas.
Era una promesa alentadora, una reacción al sombrío patrimonio de los sexenios previos. En la administración de Enrique Peña Nieto, 47 periodistas perdieron la vida. En el caso de Felipe Calderón Hinojosa, se contabilizaron 51 homicidios.
Sin embargo, la realidad impactó con intensidad inmediata. El mismo día que López Obrador realizó su promesa, Alejandro Márquez Jiménez, creador del semanario digital Orión Informativo, murió en Tepic, Nayarit, por homicidio. Fue el primer periodista que fue asesinado durante el nuevo sexenio. La promesa había sido incumplida.
Lo que resultó fue una etapa más complicada para los periodistas: durante el sexenio de López Obrador, practicar el periodismo se tornó aún más riesgoso que en las administraciones anteriores.
Durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2018 y el 30 de septiembre de 2024, 75 periodistas murieron en México, la mayor cantidad en los últimos 18 años; esto es, un periodista fue asesinado en promedio cada 28 días. Este hecho resalta un informe hecho por Propuesta Cívica, entidad comprometida con la protección de la libertad de expresión y el apoyo jurídico de periodistas y sus familias.
Además de los homicidios, se reportó la desaparición de seis periodistas durante los 2 mil 130 días que abarcó el sexenio. De acuerdo con la evaluación final realizada a Propuesta Cívica durante el gobierno de López Obrador, la violencia e impunidad no solo persistieron, sino que se intensificó.
Gustavo Sánchez Cabrera, reportero independiente originario de Oaxaca, fue uno de esos. Pese a haber padecido ataques y ataques anteriores, las autoridades no actuaron con la rapidez requerida. Fue asesinado el 17 de junio de 2021, lo que evidenció la falta de mecanismos de protección en la nación.
El asesinato de Julio Valdivia el 9 de septiembre de 2020 en el municipio de Tezonapa, Veracruz, evidenció otra faceta de la impunidad. Fue asesinado en una zona con una elevada incidencia del crimen organizado, y su cuerpo fue hallado con indicios de brutalidad extrema. Pese a que las evidencias indicaban la implicación de más de un agresor, solo se ha conseguido imputar a un individuo. La gestión de los grupos delictivos en la región transformó las tareas de investigación en una tarea casi inviable.
“Se puso de manifiesto la ausencia de reformas en el ámbito de protección a periodistas, los mensajes hostiles y estigmatizantes en la sección Quién es quién en las mañaneras, además de las declaraciones del presidente contra el sector periodístico.” Con esto, se genera una violencia reiterada y constante que claramente se diferenciaba del respeto a discernir que prometió que definiría su gobierno”, resalta Propuesta Cívica en su equilibrio.
El relato oficial no parecía mostrar la seriedad de los sucesos. En su conferencia matutina del 5 de septiembre de 2024, a tan solo 25 días de abandonar la Presidencia, López Obrador proclamó: “No hemos tenido asesinatos de periodistas más allá de lo que las circunstancias han ocasionado”.
La declaración tuvo lugar apenas un día después de que se descubrió el cuerpo del periodista Enrique Hernández Avilez en una fosa oculta en Taxco, Guerrero.
En este contexto, la entidad, que representa jurídicamente a las familias de periodistas asesinados como Miroslava Breach y Javier Valdéz, hizo un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum para que adopte acciones claras y determinantes.
En su comunicado, la entidad demandó que se asegure la protección y el ejercicio libre de la libertad de expresión no solo para los periodistas, sino también para los parientes de las víctimas de homicidios, desapariciones y tortura, además de los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto.
“Creemos que es imprescindible priorizar la situación de inseguridad y violencia contra el ejercicio de la libertad de expresión, que no ha sido adecuadamente tratada durante el sexenio de 2018 a 2024′′, finaliza la entidad.
