Durante el sexenio de Enrique Alfaro, más de la mitad de los casi 15 mil informes de desaparición en Jalisco se registraron: “El sexenio de los desaparecidos”
En 2019, un grupo armado secuestró a una mujer, usualmente consumidora de drogas, en la Zona Metropolitana de Guadalajara; sus captores la mantuvieron a prisión durante varios días, la torturaron para que les revelara quién había asesinado a un narcomenudista de esa zona. Sus plagiarios creían que ella poseía datos, ya que quien le comercializaba la droga era conocido del conocido del asesino: la mujer, rescatada días después por la policía local, se transformó en una informante obligada y una de las miles de víctimas de desaparición en Jalisco.
Según datos recabados por la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), de los 119 mil 116 casos de personas desaparecidas y sin hallar, 14 mil 974 se encuentran en Jalisco -el epicentro de las desapariciones-.
La mujer de Guadalajara se registró en los datos de personas encontradas vivas en Jalisco: 7 mil 851, aunque su situación no es la única. En ese mismo año, dos vehículos con 11 individuos con armas fuertes arribaron a una carpintería en el municipio de El Salto; buscaban al dueño, pero consiguió huir; por lo que no pudieron tener a tres de sus empleados, a quienes se les secuestraron y torturaron para ‘obtener información’.
Los casos se derivan de la labor de un grupo de académicos y periodistas de Jalisco centrados en la problemática de desaparecidos que atraviesa la entidad, liderados por Jorge Ramírez, Josseph Olid y Lauro Rodríguez. Enfatizan que el crimen organizado está desapareciendo individuos para recopilar información de ellos, transformándolos en “informantes obligados”.
Diversas víctimas, ya sea por la impunidad o para asegurar la recopilación de datos.
Desapariciones graduales, ya que unos informantes obligados exhiben a otros, generando una cadena de sucesos.
Empleo de la tortura para recopilar información
Pocas víctimas son encontradas vivas cuando son localizadas.
Uno de los casos que más impactaron a nivel nacional es el vinculado a Salomón Aceves, Marco García y Daniel Díaz, quienes fueron detenidos por el Cártel Nueva Generación (CJNG) de Jalisco al ser confundidos con integrantes de una organización rival. De acuerdo con los estudios del caso, los jóvenes fueron asesinados y sus cuerpos se habrían disuelto en ácido.
Otro caso representativo es el de Eduardo Salomón Puertos, un joven de 16 años secuestrado y asesinado en Tlajomulco de Zúñiga, el municipio con más fosas clandestinas durante la gestión de Enrique Alfaro: de las 169 sepulturas ilegales que la fiscalía general del Estado (FGE) identifica, 70 fueron encontradas -principalmente por grupos de búsqueda- en esa zona.
Eduardo consiguió ocultar a sus hermanos en el baño y comunicarse con sus padres antes de que los criminales lo sustrajeran de su hogar. “No abras la puerta” su padre le comunicó y él replicó “Ayúdame papá”.
Las pesquisas del caso que condujeron a la detención de tres sospechosos implicados determinaron que sus captores lo “confundieron” con otro individuo. Eduardo fue torturado y asesinado en una finca de Tlajomulco centro, misma que se ubica a escasos metros las instalaciones de la fiscalía estatal.
Los colectivos de búsqueda de Jalisco reportan que más de 9 mil personas han desaparecido en la región desde que Enrique Alfaro asumió el mando: más de la mitad de las víctimas habrían sucedido durante lo que ya denominan “El sexenio de los desaparecidos”.
En diversas situaciones registradas por este medio se menciona la implicación del CJNG y de las fuerzas locales en ciertas desapariciones, añadiéndoles el calificativo de forzadas, debido a la implicación de las autoridades estatales, vinculadas al crimen organizado, en la intensificación de la crisis a la que se enfrenta Jalisco.
Dentro de las aproximadamente 15 mil denuncias de desaparición en Jalisco, se hallan “Informantes forzados” y “víctimas equivocadas”, dos colectivos a los que parece no otorgarse la relevancia correcta a pesar de los patrones que siguen sus casos: presencia de delincuencia, búsqueda de información, indiferencia de las autoridades, confusión y proximidad a focos de violencia e inseguridad.
En agosto de 2023, cinco adolescentes (Roberto Olmeda Cuellar, Jaime Martínez Miranda, Diego Lara Santoyo, Uriel Galván González y Dante Cedillo Hernández) desaparecieron en el municipio de Lagos de Moreno; horas después del plagio, se divulgó un video donde se supuestamente puede ver a uno de los jóvenes forzado a asesinar a los demás.
Ya ha pasado más de un año desde la tragedia en Lagos de Moreno y sus parientes aún desconocen el paradero de sus hijos; tampoco entienden por qué fueron ‘levantados’, si fueron confundidos, intentaron extraerles información o forzarlos a unirse al CJNG, otro de los factores que desencadenó la crisis de desaparecidos durante el sexenio de Enrique Alfaro.
