La modificación al Infonavit representa un golpe directo a los derechos humanos y un retroceso inadmisible en cuanto a la gobernabilidad institucional.
Bajo la apariencia de “lucha contra la corrupción”, Claudia Sheinbaum, Morena y sus socios buscan concentrar en el gobierno la gestión del Infonavit, entidad que ha funcionado de manera autónoma durante décadas. Si existen evidencias de corrupción, se deben indagar y sancionar. Lanzar la mano al fondo de la vivienda de los empleados no resuelve completamente nada; en cambio, lo empeora.
La reforma concede al jefe del Infonavit el poder de gestionar más de 2 billones de pesos acumulados en las subcuentas de vivienda de los empleados. Estos fondos no son propiedad del gobierno ni del instituto; son bienes privados, ahorros personales que necesitan ser gestionados con precisión y claridad. Con la reforma, los fondos de millones de mexicanos podrían ser empleados a voluntad, sin asegurar una gestión cautelosa.
Históricamente, el Infonavit ha operado bajo un esquema tripartito que brinda a los trabajadores, patrones y al gobierno una representación justa. Este equilibrio ha sido crucial para asegurar que las decisiones favorezcan a todas las partes implicadas. No obstante, la reforma altera este balance al conceder al gobierno el control de las entidades fundamentales del instituto, tales como la Comisión de Supervisión, el Comité de Auditoría y el Comité de Transparencia. Esto no es más que un esfuerzo por atacar la institución y convertir un modelo democrático en otra entidad gubernamental al servicio del Ejecutivo en funcionamiento.
Adicionalmente, se busca suprimir el control de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, otorgando esta responsabilidad a la Secretaría de Hacienda. Esto no es una acción técnica, sino un evidente retroceso en lo que respecta a transparencia y supervisión. Este cambio permite el surgimiento de gobiernos opacos y decisiones políticas personales que podrían amenazar los ahorros de las personas.
El gobierno sostiene que pretende favorecer a los empleados mediante el uso de estos recursos para la edificación de nuevas viviendas, pero la realidad es distinta. La eliminación de la capacidad de los empleados y patrones para influir en las decisiones del instituto los deja totalmente vulnerables ante figuras que ya han evidenciado su incapacidad para gestionar responsablemente los fondos públicos. Este es el caso de Octavio Romero Oropeza, actual director del Infonavit, quien dejó en ruinas las finanzas de Pemex durante su mandato en la petrolera.
Todos concordamos en que México requiere más y mejores alternativas de vivienda. No obstante, esta reforma no representa la respuesta. Construir vivienda y luchar contra la corrupción no implica desmantelar la independencia de una entidad esencial ni comprometer los ahorros de los empleados. El Infonavit requiere robustecer sus controles internos, asegurar la transparencia y fomentar modelos de administración más eficaces que salvaguarden los ahorros de los empleados.
La modificación al Infonavit representa un golpe directo a los derechos humanos y un retroceso inadmisible en cuanto a la gobernabilidad institucional. No se puede tolerar que la moneda de los mexicanos se transforme en instrumento de cambio para iniciativas políticas.
El Infonavit no debería transformarse en la próxima prueba fracasada de un gobierno que parece más preocupado por la acumulación de poder y riqueza que por el bienestar de sus ciudadanos. Lo último que el país requiere es que el Estado deduzca a los empleados el beneficio de su trabajo.
