Las estadísticas son impactantes y desvergonzantes: total impunidad en los feminicidios. Y el porcentaje se mantiene estable para otros crímenes, como los de naturaleza sexual o la violencia doméstica. Estos datos no son meramente estadísticos; representan un sistema judicial desmoronado y un entramado institucional que han decepcionado sistemáticamente a las mujeres de Jalisco. La verdad subyacente en los números es angustiosa ya que simboliza a miles de mujeres que han perseguido justicia y no la han hallado.
El lunes se llevó a cabo la propuesta “Vivir Seguras”, un esfuerzo conjunto para establecer una Fiscalía Especializada en Delitos contra las Mujeres por Razón de Género. Diversas entidades, académicas y diputaciones de diferentes partidos nos comprometimos a colaborar en la construcción de esta fiscalía, con el fin de transformarla en una fiscalía plural y auténtica.
La impunidad no es una cuestión teórica. Es el instrumento que sostiene la violencia, que instruye a los perpetradores que pueden actuar sin repercusiones. Es la señal implícita de que la vida de las mujeres es menos importante que el rol requerido para realizar justicia. Finalmente, es una manifestación de violencia institucional que el Estado aplica por negligencia.
Ahora el desafío es transformar esta propuesta en acción tangible. La Fiscalía Especializada representa el inicio para rectificar años de negligencia, un avance hacia la auténtica justicia. Sugerimos que la fiscalía especializada disponga de personal formado con enfoque de género y protocolos de cuidado que prevengan la revictimización, además de que sea encabezada por una mujer con experiencia en la protección de los derechos de las mujeres, seleccionada a través de un procedimiento público y claro. Esta propuesta aspira a desmantelar las prácticas convencionales que han perpetuado la impunidad y la ausencia de sensibilidad en la atención a las víctimas.
Esto replantea la necesidad urgente de tratar la violencia de género desde la perspectiva legislativa e institucional en Jalisco. También constituye una ocasión para que el Estado realice un avance importante en la batalla contra la impunidad y la salvaguarda de los derechos de las mujeres, ya que luchar contra la impunidad en crímenes de género no es simplemente un asunto de justicia, sino de dignidad humana y de edificación de una sociedad genuinamente justa.
