El exgobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, debería ser sujeto a investigación y sanción por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a su posible implicación en el caso del rancho donde se hallaron múltiples restos humanos en Teuchitlán.
“Él conocía muy bien lo que sucedía en ese lugar y no hizo nada al respecto”, afirmó Alfonso Partida Caballero, profesor de Derecho Procesal en la División de Estudios Jurídicos del CUCSH de la Universidad de Guadalajara (UdeG).
También subrayó que el exgobernador, quien pertenece a un partido político emecista, actuaba como “portavoz” de la fiscalía estatal durante su administración.
Mencionó que Alfaro Ramírez decidía qué información se podía divulgar, siempre con el visto bueno del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para hacerla pública.
“Él es culpable de encubrir la realidad, incluso lo relativo a Teuchitlán. Estaba consciente de que lo utilizaban para ese rancho”.
Partida Caballero indicó que el actual Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, tenía conocimiento del asunto desde casi el inicio de su mandato y no habló porque esos temas se discutían con Enrique Alfaro en Casa Jalisco.
En un momento dado, Alfaro Ramírez admitió que el crimen organizado había infiltrado la fiscalía estatal.
“Era el gran controlador del ministerio público en Jalisco. Tenía el control y la dirección de las investigaciones. No se tomaba ninguna acción sin su indicación”.
La falta de investigación sobre ese triste caso “se debió a las órdenes de dos personas en específico, el fiscal anterior y Enrique Alfaro. Algunos agentes del Ministerio Público tenían conocimiento del caso y también había policías investigadores que debieron seguirlo (Teuchitlán). Lo cierto es que Enrique Alfaro respondía al CJNG. Él afirmaba que Teuchitlán y otros municipios donde este cartel tenía presencia estaban protegidos”, afirmó Alfonso Partida.
