En la actualidad, el Gobierno del Estado se encuentra en una quiebra financiera, pero hasta hace año y medio se dedicó a comprar terrenos, firmar contratos o realizar obras por un monto de casi 700 millones de pesos que no han tenido un beneficio real para la población colimense.
A través de un video difundido en sus redes sociales, el pasado 29 de julio el gobernador, Ignacio Peralta Sánchez, declaró que la administración estatal no contaba con el dinero para pagar las quincenas de los trabajadores de la administración, becarios, de contrario y tampoco, podía transferir los recursos a los organismos descentralizados como la Fiscalía General del Estado porque había tenido que pagar mil millones de pesos a los bancos.
A partir de esa declaración, se conoció que el gobierno de Peralta Sánchez no sólo carecía de recursos para pagar las quincenas, tampoco había entregado el dinero que le correspondía a la Universidad de Colima, el Poder Judicial, y arrastra deudas con proveedores, la Secretaría de Hacienda y el Ipecol por cerca de 8 mil 500 millones de pesos, la mitad del presupuesto anual del estado de Colima.
Sin embargo, en el 2018 y el 2019, el gobierno del Estado se caracterizó por solicitar créditos bancarios y gastar 600 millones de pesos en obras que no han mejorado las condiciones de vida de los colimenses y que se han convertido en simples oficinas públicas.
Por ejemplo, la más reciente adquisición de la administración estatal son los terrenos de la calzada Galván donde se ubicaba la XX Zona Militar, y para los cuales, la administración estatal solicitó un crédito de 200 millones de pesos, que ya pagan los colimenses desde el 2019 y hasta el 2039, cuando dicho predio fue donado por el gobierno federal el 26 de noviembre de 2018.
El destino de esos 200 millones de pesos fue observado y está siendo investigado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), quien determinó que la administración de Ignacio Peralta no utilizó ese recurso para adquirir dichos terrenos, aunque el propio mandatario sostiene lo contrario.
Además de esos 200 millones de pesos, el mandatario estatal dijo que con recursos propios, el gobierno entregó 300 millones de pesos por dichos terrenos, porque el costo total de los mismos fue de poco más de 500 millones de pesos.
A casi dos años de que el gobierno del Estado tiene la posesión de dichos terrenos, actualmente está convertido en oficinas públicas y la población no ha podido disfrutar del lugar.
La anterior no es la única obra que el gobierno del estado realizó con recursos públicos y que no ha tenido ningún impacto social para la población. El 9 de junio de 2016, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez confirmó la compra de un terreno de aproximadamente 93 hectáreas en 170 millones de pesos, el cual está ubicado en la zona norte entre los límites de Colima y Villa de Álvarez, y en el que se construiría el parque metropolitano arqueológico-recreativo “La Campana“.
Durante el anuncio, el mandatario colimense justificó la compra y señaló que el terreno se adquirió a un precio más bajo del avalúo que realizó un perito y dijo que para la adquisición del predio, la administración estatal contaba con un fondo de 100 millones de pesos que solo podían destinarlo a inversión productiva.
Sin embargo, el antecesor de Peralta Sánchez, Mario Anguiano Moreno, puso en tela de juicio la compra y refirió que cuando era gobernador le habían ofrecido dichos terrenos en 90 millones de pesos. Pidió al Congreso investigar dicha compra, pero el Poder Legislativo no atendió la queja del exgobernador.
El terreno adquirido por el gobierno de Ignacio Peralta se encontraba en un litigio jurídico y pertenecía a un excuñado del presidente Carlos Salinas de Gortari.
A tres años de la compra, y aunque el parque ya se abrió, la población colimense no ha tenido ningún beneficio exponencial con este proyecto, pues no es una de las zonas de alta demanda o mayor afluencia y, aunque es al aire libre, durante la pandemia por el Covid-19 ha permanecido la mayor parte del tiempo cerrada a la población.
Por otra parte, el 25 de septiembre de 2017 inició la remodelación de 400 metros de la Calzada Galván (desde la Glorieta del DIF hasta la Glorieta de la Piedra Lisa) y para la cual se invirtieron 31 millones de pesos.
La remodelación formaba parte de la primera etapa de un proyecto que pretendía mejorar la vialidad hasta la glorieta del Rey Colimán; sin embargo, se frenaron las modificaciones después de que los vecinos y dueños de negocios de la Calzada solicitaran al gobernador Ignacio Peralta Sánchez no continuar con el proyecto por la inviabilidad de la obra.
A cuatro años de dicha inversión, la secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano está destruyendo parte de lo que construyó para realizar algunas modificaciones.
Por último, el 12 de diciembre de 2017, el gobernador Ignacio Peralta Sánchez inauguró una estatua en honor a Miguel de la Madrid, en la cual se invirtieron más de 8 millones de pesos.
Dicha obra fue colocada en la plazoleta del Parque de la Campana, por el Tercer Anillo Periférico, no obstante, después de la inauguración, artistas visuales y políticos criticaron el derroche económico del gobernador Ignacio Peralta Sánchez y la inutilidad de la escultura que hoy se encuentra abandonada.
