2026-07-21

México: la desaparición se vuelve un fenómeno sistemático; estados y gobernadores fallan, encubren y permiten que la crisis crezca

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México enfrenta una tragedia nacional que ningún gobierno ha logrado contener. Con más de 128 mil personas desaparecidas hasta 2025, según la CIDH y el RNPDNO, el país vive una crisis que atraviesa partidos, sexenios y fronteras estatales. La desaparición ya no es un fenómeno aislado: es una práctica sistemática sostenida por omisiones, corrupción y complicidad institucional.

Los estados con mayor incidencia exhiben el mismo patrón: violencia criminal, autoridades coludidas, fiscalías que no investigan y gobiernos estatales que evaden su responsabilidad.

Los estados con más desaparecidos y quién gobierna

Jalisco – 15,330 desaparecidos

Gobernador: Pablo Lemus (MC) El estado con más desaparecidos del país. La presencia del CJNG y la crisis forense —miles de cuerpos sin identificar— revelan un gobierno rebasado y una fiscalía incapaz de responder.

Estado de México – 14,048 desaparecidos

Gobernadora: Delfina Gómez (Morena) La entidad concentra el mayor número de mujeres desaparecidas. La violencia de género avanza mientras las autoridades estatales fallan en prevención, búsqueda y justicia.

Tamaulipas – 13,471 desaparecidos

Gobernador: Américo Villarreal (Morena) La colusión histórica entre autoridades locales y grupos criminales mantiene al estado como uno de los epicentros de desapariciones en México.

Veracruz – 7,102 desaparecidos

Gobernador: Cuitláhuac García (Morena) Crisis forense severa, omisiones en búsquedas y negligencia institucional denunciada por colectivos.

Nuevo León – 7,006 desaparecidos

Gobernador: Samuel García (MC) Repunte de desapariciones de mujeres jóvenes y falta de coordinación entre gobierno y fiscalía.

Otros estados con alta incidencia que también deben ser señalados

Sinaloa – más de 6,000 desaparecidos

Gobernador: Rubén Rocha Moya (Morena) La desaparición es práctica cotidiana en un estado marcado por la presencia del Cártel de Sinaloa y autoridades que no rompen la cadena de impunidad.

Michoacán – más de 7,700 desaparecidos

Gobernador: Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) Grupos criminales operan con tolerancia de autoridades municipales y estatales. Las comisiones de búsqueda carecen de recursos y voluntad política.

Sonora – más de 5,000 desaparecidos

Gobernador: Alfonso Durazo (Morena) Una de las tasas más altas del país. Policías locales han sido señalados en desapariciones y los colectivos trabajan bajo amenazas.

Baja California – más de 4,500 desaparecidos

Gobernadora: Marina del Pilar Ávila (Morena) Desapariciones vinculadas a trata y crimen organizado. La fiscalía acumula miles de expedientes sin resolver.

Guanajuato – más de 3,500 desaparecidos

Gobernador: Diego Sinhue Rodríguez Vallejo (PAN) El estado más violento del país también registra desapariciones crecientes. El gobierno estatal minimiza el problema y la fiscalía criminaliza a víctimas.

Zacatecas – más de 2,500 desaparecidos

Gobernador: David Monreal (Morena) Desapariciones masivas en medio de disputas criminales. Omisiones graves en identificación de cuerpos.

Cuerpos sin identificar: la evidencia del colapso institucional

México tiene más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia oficial. Miles de familias podrían tener a sus seres queridos en morgues o fosas comunes, pero la negligencia institucional impide saberlo.

Complicidad y abuso de autoridades: un patrón nacional

La CIDH documenta:

  • Desapariciones forzadas cometidas por agentes del Estado.
  • Desapariciones perpetradas por particulares con apoyo o tolerancia de autoridades.
  • Colusión entre policías y grupos criminales.
  • Fiscalías que no investigan y gobiernos que no asignan recursos.

La impunidad es casi absoluta, no es solo el gobierno federal — son los estados, todos los partidos

Morena, PAN, PRI, MC… Todos tienen estados hundidos en desapariciones. La crisis no distingue colores: distingue incapacidad, indiferencia y complicidad.

La desaparición en México es una maquinaria sostenida por corrupción, omisiones y violencia institucional.

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