“Alfaro y la red inmobiliaria que saqueó Jalisco: Lemus mantiene el pacto de silencio”

Enrique Alfaro Ramírez no fue un espectador inocente en la red inmobiliaria que operó de forma ilegal y arbitraria en Jalisco. Su gobierno se montó sobre un esquema que venía de años atrás, pero lejos de desmontarlo, lo aprovechó y lo profundizó: cambios de uso de suelo en zonas ambientalmente frágiles, triangulación de recursos públicos hacia proyectos privados y la construcción de un entramado empresarial diseñado para sacar dinero de bienes del Estado bajo el disfraz de “rescate” o “regularización”.

El caso más claro es el de las Villas Panamericanas, en El Bajío, Zapopan. Ese complejo no es solo un edificio incómodo: es el símbolo de cómo se usó el poder para convertir un desastre urbanístico en negocio. Las Villas se levantaron en una zona que funciona como vaso regulador hídrico, cerca del Bosque La Primavera, con dinero de vivienda social y de pensiones de trabajadores. Lo que empezó como proyecto deportivo terminó como máquina de corrupción transexenal, atravesando gobiernos del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Alfaro no solo heredó el problema: lo negoció.

En 2019, ya como gobernador, la administración de Alfaro avaló la creación y operación de la empresa Green Life Capital, SAPI de CV, pieza clave en el intento de “colocar” la Villa Panamericana en manos privadas para supuestamente recuperar lo invertido por el Instituto de Pensiones y el Instituto de Vivienda. Esa empresa se constituyó en mayo de 2019, y en cuestión de semanas se negociaba un convenio marco para vender la Villa, con la intención de firmar el contrato definitivo el 30 de agosto de ese mismo año. No fue un movimiento aislado: fue parte de una estrategia para sacar el problema del radar público y convertirlo en operación financiera.

Green Life Capital no era una empresa cualquiera. Detrás estaban nombres como Lorenzo Mauricio González Bosco y el empresario Jaime Alberto Moreno Cardeña, este último señalado después como el verdadero operador del fraude y hoy prófugo. La estructura incluía otras empresas como Duvar Trading Management e Impulso Institucional, usadas como vehículos para mover y ocultar responsabilidades. Todo esto ocurrió mientras el gobierno de Alfaro se presentaba como el que “ponía orden” en el caos heredado. En realidad, estaba firmando acuerdos que abrían la puerta a un saqueo más sofisticado.

La red inmobiliaria no se limitó a las Villas. El patrón se repitió en otros proyectos: cambios de uso de suelo en zonas de alto valor ambiental, presión sobre municipios para autorizar desarrollos cuestionables y una relación estrecha entre gobierno y desarrolladores que sabían que el negocio no era solo el ladrillo, sino el acceso privilegiado a decisiones de Estado. El mensaje era claro: si estabas dentro del círculo correcto, el territorio se podía negociar.

El saqueo ambiental se extendió más allá del Bajío. El Bosque La Primavera, pulmón de Guadalajara, fue cercado por fraccionamientos y vialidades disfrazadas de “progreso”. En la Costalegre, los proyectos turísticos arrasaron manglares y zonas de anidación de especies protegidas. En la Sierra del Tigre, los permisos de tala y urbanización se multiplicaron bajo el argumento de “desarrollo regional”. Cada hectárea vendida fue una traición a la naturaleza y una condena a la sociedad: menos agua, más calor, más riesgo, más desigualdad.

Y Pablo Lemus, lejos de romper con esa lógica, se mueve sobre la misma cuerda floja. Como gobernador, ha presentado la intervención en el caso de las Villas Panamericanas como una cruzada contra la corrupción, con aseguramientos de departamentos y congelamiento de cuentas. Pero la historia completa muestra otra cosa: la empresa fraudulenta que hoy se exhibe nació y fue negociada bajo el gobierno de Alfaro, y Lemus se beneficia políticamente de señalar el fraude sin tocar de frente la responsabilidad política de su antecesor ni la estructura que lo hizo posible.

Decir que Lemus protege a Alfaro no es una consigna vacía. Es una lectura de cómo se administra el escándalo: se exhibe al empresario prófugo, se habla de millones triangulados, se congelan cuentas, pero se evita nombrar con toda claridad el papel del gobierno que permitió que esa empresa se constituyera, negociara y se preparara para quedarse con un activo público construido con dinero de pensiones y vivienda social. Se castiga al operador, se preserva al político.

La red inmobiliaria que operó en Jalisco durante el gobierno de Enrique Alfaro no fue un accidente administrativo. Fue un sistema. Un sistema donde el territorio se convirtió en moneda de cambio, donde las instituciones de vivienda y pensiones se usaron como caja para proyectos privados, y donde la legalidad se dobló una y otra vez para acomodar intereses económicos. Hoy, con Pablo Lemus en el poder, el discurso cambia, pero las raíces siguen ahí: los mismos actores, los mismos silencios, las mismas zonas protegidas convertidas en negocio.

La ambición de los gobernantes no tiene límite. Traicionan a la naturaleza y condenan a la sociedad entera. Jalisco no necesita más discursos sobre “poner orden”. Necesita que se nombre con todas sus letras la responsabilidad política de quienes permitieron que el Estado se convirtiera en socio de una red inmobiliaria ilegal. Y eso pasa por reconocer a Enrique Alfaro no como espectador, sino como protagonista de la corrupción que devastó el territorio y la confianza pública.