Vallarta: el paraíso donde desaparecen todos — regidores, funcionarios, repartidores, jóvenes… y donde hasta “El Pistola” camina entre políticos como si nada

Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y toda la franja que los rodea viven una crisis de desapariciones que ya no se puede esconder detrás de discursos turísticos ni detrás de campañas de “seguridad moderna”. Las cifras son tan altas que ya dejaron de sorprender. Vallarta rebasa los quinientos desaparecidos activos. La Costa Norte completa supera los seiscientos. Jalisco entero pasa de los dieciséis mil. Es el periodo con más desaparecidos en la historia del estado. No es percepción, no es exageración, es una realidad que se repite cada semana: personas que salen de su casa y no vuelven, familias que se quedan esperando, autoridades que se quedan calladas, y un gobierno que prefiere inaugurar cámaras en lugar de enfrentar la verdad.

La región es un corredor perfecto para levantar gente. Turismo, movilidad constante, carreteras, anonimato, hoteles, departamentos, transporte público, pasos entre estados. La frontera inmediata con Nayarit facilita movimientos sin control. Es territorio donde operan grupos criminales, aunque el gobierno lo niegue o lo minimice. Cuando hay disputa o presencia criminal, hay desapariciones. Vallarta es un punto estratégico por su conectividad y por la facilidad para mover personas sin dejar rastro. Y si alguien duda de la gravedad, basta recordar que ni los de arriba están a salvo: el asesinato de Aristóteles Sandoval en plena zona turística demostró que la seguridad y la vigilancia no funcionan ni para quienes se supone que están protegidos. Si no pudieron evitar o esclarecer el homicidio de un exgobernador en un restaurante de lujo, ¿qué esperanza tiene la gente común que desaparece en una parada de camión, en una brecha o en una colonia popular?

En Vallarta hasta los regidores desaparecen y aparecen muertos. El regidor Francisco Sánchez Gaeta desapareció un viernes y lo encontraron dos días después, asesinado, con impactos de arma de fuego, dentro de su automóvil en la carretera 544 rumbo a Mascota y Talpa. Era médico, coordinador de campaña, figura pública, y aun así terminó como cualquier otra víctima: desaparecido primero, ejecutado después. Su última aparición fue en un mitin político en El Pitillal, rodeado de figuras públicas, y aun así nadie pudo protegerlo ni evitar su muerte. En Vallarta hasta los regidores desaparecen y aparecen muertos, y el gobierno lo maneja como si fuera un rumor más.

El jefe de Transparencia de SEAPAL desapareció el 30 de junio y lo encontraron muerto días después en un predio abandonado en La Pechuga, al sur del puerto, en una zona con vegetación densa. El cuerpo tenía varios días de descomposición. Lo preidentificaron por la ropa. Así de jodido está el nivel de protección para quienes trabajan dentro del propio aparato municipal. Y no es el primer caso: en 2022 asesinaron al director de SEAPAL, Salvador Llamas Urbina, en un restaurante de Guadalajara, ejecutado a tiros en una zona de clase alta. El Gobierno Federal dijo que el asesinato tenía similitudes con el del exgobernador Aristóteles Sandoval, también ejecutado en Puerto Vallarta, también en un restaurante, también en una zona turística, también sin que la seguridad del estado pudiera hacer nada. Si ni un exgobernador está a salvo, ¿qué queda para la gente común?

Dos repartidores salieron a entregar chocolates en Las Palmas y La Estancia y nunca regresaron. Días después, los encontraron muertos dentro de un Renault Kwid abandonado en el estacionamiento de Plaza Caracol, en pleno corazón turístico del puerto, en avanzado estado de descomposición, descubiertos solo porque el olor obligó a la gente a llamar a la policía. Nadie los buscó a tiempo, nadie rastreó su ruta, nadie revisó cámaras, nadie hizo nada. En Vallarta puedes desaparecer mientras trabajas y el Estado no se entera hasta que tu cuerpo empieza a oler.

Dos jóvenes, Violeta Alejandra Santana y Melissa Anahí Carranza, desaparecieron después de viajar desde Acatlán de Juárez a Vallarta para acudir a una supuesta oferta laboral. Nunca llegaron, nunca regresaron, nunca hubo una reacción inmediata del Estado. Sus fichas de búsqueda salieron días después, cuando ya era demasiado tarde para cualquier acción efectiva. En Vallarta desapareces aunque tengas tatuajes, cicatrices, señas particulares, aunque tengas familia que te busca, aunque tengas una vida entera por delante. Aquí desapareces y punto.

Y mientras estos casos se acumulan, siguen flotando nombres de personajes locales apodados “El Pistola”, mencionados en versiones de calle y señalamientos comunitarios como vinculados a desapariciones y levantones en la región. Pero El Pistola no es solo un rumor de barrio. Es Sergio Kurt Schmidt Sandoval, identificado por autoridades mexicanas y estadounidenses como colaborador financiero del CJNG, detenido y liberado en 2017 por un juez que nunca explicó nada. Su familia estuvo en nóminas municipales cuando Enrique Alfaro fue alcalde de Tlajomulco. El ayuntamiento le pagaba renta por el edificio donde operaba la Dirección de Seguridad Pública. También le arrendaba maquinaria pesada. Su hijo aparecía en nóminas de Guadalajara y Tlajomulco. Su hermana trabajó en la nómina de Guadalajara en una administración del PAN. Y él mismo estuvo sentado en primera fila en la toma de protesta de Alfaro como alcalde, como si fuera un invitado distinguido y no un objetivo federal.

A pesar de todo esto, Alfaro dijo que no sabía quién era. Que no lo conocía. Que no sabía nada. Pero los documentos decían otra cosa. Las nóminas decían otra cosa. Las fotografías decían otra cosa. Y ahora, años después, El Pistola reaparece en una imagen junto al que fue jefe de la policía de Pablo Lemus en Guadalajara, como si nada, como si fuera parte del equipo, como si fuera un actor más en la vida pública del estado. Si la fotografía es reciente, significa que no solo lo conocen: lo integran, lo normalizan, lo aceptan. Y eso es gasolina sobre fuego en un estado donde desaparecen regidores, funcionarios, repartidores, jóvenes y ciudadanos.

La respuesta del gobierno ha sido instalar cámaras de reconocimiento facial en la Central Camionera. Cámaras que no buscan desaparecidos, no investigan, no entran a brechas, no revisan fosas, no siguen pistas, no entrevistan testigos, no rastrean teléfonos, no reconstruyen rutas. Cámaras que solo sirven para la foto, para el discurso, para la ilusión de seguridad. Las cámaras no sirven para encontrar a quienes ya desaparecieron. Sirven para que el gobierno diga que está haciendo algo, aunque todos sepan que no está haciendo nada.

Mientras tanto, las familias hacen el trabajo que debería hacer el Estado. Buscan sin recursos, sin vehículos, sin equipo, sin protección, sin tecnología, sin respaldo. Caminan cerros, brechas, ríos, lotes baldíos, basureros, ranchos. Lo hacen con miedo, con amenazas, con desgaste emocional y físico. Lo hacen porque nadie más lo hace. Lo hacen porque el Estado no cumple. Lo hacen porque si ellas no buscan, nadie busca. Y mientras las familias se parten el alma, los funcionarios comen bien, se suben el sueldo, inauguran cámaras, se toman fotos, se dan vida de virreyes con dinero público que debería estar destinado a la búsqueda inmediata y profesional de personas desaparecidas.

Puerto Vallarta es un destino turístico que presume seguridad, pero la realidad es que la vigilancia no funciona ni para los de arriba, ni para los de abajo, ni para los jóvenes, ni para los funcionarios, ni para los turistas, ni para nadie. Y mientras el gobierno administra la percepción, las familias administran el dolor.