A menos de un año para las próximas elecciones constitucionales, el narcotráfico y la violencia han intensificado su marca en Colima. Asesinatos, desapariciones, robos, narco-fosas, extorsiones entre otros sucesos mantienen el terror entre la sociedad de cara al cambio de poderes.
La indiscutible presencia del narcotráfico en Colima desde décadas atrás, la disputa que mantienen los grupos criminales por el control del puerto de Manzanillo, favorito para el trasiego de toneladas de drogas, así como los gastos excesivos que se dan durante el proselitismo, son sólo indicios de las “amistades” entre políticos y narcos.
Las amenazas contra gobernantes que han aparecido en “narco-mantas” a lo largo de algunos años tampoco se pueden ignorar, mucho menos los atentados que han logrado permear la certeza electoral en todo el territorio nacional, tan solo en Colima se tiene cuenta de al menos diez sucesos que resultan en asesinatos y/o desaparición de políticos locales, como redoble de tambor cimbran las especulaciones de supuestos nexos con los cárteles de la droga.
Pese a que se diga que esto no es cierto por parte de las autoridades en turno, y menos cuando se ve involucrado algún allegado a su grupo, lo que es innegable es que en la mayoría de estos hechos que violentan la democracia colimense se nota claramente la firma del narco.
A lo largo de los años se han realizado algunas investigaciones por parte de los grupos de inteligencia con las que el estado cuenta, tanto locales como federales han coincidido en algo, muchos de los políticos colimenses de alto nivel tienen cercanía líderes de los grupos criminales de mayor peso en el país, entre los que se encuentran el Cartel de Sinaloa, Cartel Jalisco Nueva Generación, y otros menos poderosos pero tanto, o más peligrosos que los antes mencionados, como el llamado Cartel de Colima y La familia Michoacana, que nos ha conducido a ser parte de un estado dirigido por narcopolíticos.
En su debido momento el panista Jesús Dueñas Llerenas, el líder de Movimiento Ciudadano, Leoncio Alfonso Morán Sánchez, alcalde de Colima; y los priistas Elías Zamora Verduzco, Fernando Moreno Peña, Jesús Silverio Cavazos Ceballos, y Mario Anguiano Moreno, los cuatro exgobernadores de la entidad se han señalado con vínculos o amiguismo con grupos criminales en informes policiales.
También existen señalamientos directos por parte de otros actores políticos, que, aunque hay quien dice que es guerra de lodo, es bien sabido que los muertos no son de barro, y las drogas no son de agua, las balas que con excesiva frecuencia privan de la vida a ciudadanos de bien, y a otros que realmente participan de la criminalidad no han dejado de ser disparadas desde hace años, pese a que todos los ungidos en poder afirman que la cosa no es grave, que se trabaja en solucionarlo, y en la mayoría de los hechos se denominan casos aislados.
En múltiples ocasiones el panista Jorge Luis Preciado Rodríguez, actual diputado federal, ha denunciado públicamente la presencia de dinero ilícito en las campañas en la entidad. En 2015, siendo candidato a la gubernatura, aseguró que estaba compitiendo en una “narco-elección”, acusando que las campañas del PRI eran financiadas con dinero “sucio”.
A menos de doce meses de distancia de que se celebren las elecciones el domingo 06 de junio de 2021, se escuchan posibles candidatos y protagonistas políticos que han sido señalados por supuestos acercamientos con narcos, por ser “narcoamigos” de los capos, o por haber recibido dinero ilegal en sus campañas electorales.
