La gestión de Trump ha permitido intervenciones más directas en territorio mexicano, con el objetivo de luchar contra el crimen organizado con la misma fuerza que contra el terrorismo a nivel mundial.
La incorporación virtual de cinco cárteles mexicanos en el listado de organizaciones terroristas realizada por el Departamento de Estado de Estados Unidos constituye un hito en la política de seguridad bilateral. Con esta acción, el gobierno de Trump ha permitido intervenciones más directas en territorio mexicano, con el objetivo de luchar contra el crimen organizado con la misma fuerza que contra el terrorismo a nivel mundial.
Se han destacado como metas prioritarias los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, la Familia Michoacana, el Cártel del Noroeste y los Cárteles Unidos de Guerrero. El efecto de esta designación es evidente: el gobierno de Estados Unidos podría implementar medidas unilaterales, como operaciones militares selectivas, con el fin de proteger su seguridad nacional.
Esta resolución, sugerida por la administración de Biden y confirmada por Trump durante su campaña electoral, muestra una situación incómoda para el gobierno de Claudia Sheinbaum: tanto su gobierno como el de su predecesor, López Obrador, no solo han pasado por alto la lucha contra el crimen organizado con su táctica de “abrazos, no balazos”, sino que sus relaciones con los grupos delictivos han ido siendo cada vez más notorias.
No es infrecuente que las acciones de inteligencia de Estados Unidos en México se hayan intensificado en las semanas recientes. Solo en Sinaloa, en el transcurso de los últimos 10 días, se han documentado 18 operaciones de espionaje aéreo y marítimo de Estados Unidos, de acuerdo con informes revelados a CNN.
Es que la “pax narca” promovida por la administración de López Obrador facilitó el crecimiento del crimen organizado a grados preocupantes. El exmandatario decidió eludir su culpabilidad, facilitando que grupos delictivos tengan hoy el control de estados como Michoacán, Tamaulipas, Sinaloa, Tabasco, Zacatecas, Guerrero y Chiapas.
La impunidad se ha establecido como regla y la salvaguarda de los narcopolíticos se ha establecido como institucional. Los datos son evidentes: la tasa de homicidios continúa en cifras históricas, el tráfico de fentanilo ha aumentado y la violencia ha llegado a un nivel en el que algunas zonas del país se han convertido en territorio deshabitado.
Sheinbaum se encuentra entre la espada y la pared: tiene que elegir entre edificar el segundo nivel del desastre de la política de seguridad de “abrazos, no balazos” o modificar su táctica para combatir con fuerza el crimen organizado, lo cual significaría mostrar el fracaso del gobierno de su guía. Cualquier ruta que opte tendrá repercusiones tanto en la política interna como en el vínculo de su gobierno con el de los Estados Unidos.
Las declaraciones explícitas de Estados Unidos acerca de la presencia de un gobierno narco han posicionado a nuestro país como un Estado vulnerable. No solo es cuestión de la presión de Trump; también es cuestión de la protección de millones de ciudadanos que han sido dejado a su destino. La táctica de “abrazos, no balazos” ha fracasado y necesita ser oficialmente enterrada. El país requiere un liderazgo sólido que combata a los cárteles y retome la soberanía territorial. Sin embargo, lo que sería continuar llenando la piñata de dulces para que Trump la continúe devorando.
