Las relaciones entre los abogados de narcotraficantes y altos cargos de Morena indican que la distinción entre la política y el tráfico de drogas ha dispuesto a desaparecer.
La divulgación del video donde los letrados Sergio Arturo Ramírez Muñoz y Juan Pablo Penilla Rodríguez afirman sin reservas que respaldan abiertamente a líderes del crimen organizado y jefes del tráfico de drogas no constituye, por sí sola, el escándalo.
En un estado de derecho incluso los criminales más peligrosos gozan de protección legal, y cualquier ciudadano de México tiene la libertad de practicar su profesión bajo el amparo de la ley.
Lo realmente alarmante es que los colaboradores del despacho ERP Abogados, consultores jurídicos de delincuentes como Ismael “El Mayo” Zambada y el recién liberado al gobierno de Estados Unidos, Miguel Treviño Morales, conocido como “Z-40”, parecen haber forjado una red de vínculos dentro de Morena y el gobierno, al grado de afectar decisiones estratégicas vinculadas a la seguridad y la justicia.
Esta semana se divulgaron cerca de 80 imágenes donde los llamados “abogados defensores de delincuentes y narcos” se presentan sonriendo junto a figuras fundamentales de la mal llamada “Cuarta Transformación”. La fotografía muestra a Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum, Clara Brugada, Félix Salgado Macedonio, Ricardo Monreal, Olga Sánchez Cordero, Sergio Gutiérrez Luna, Delfina Gómez, Mario Delgado, Layda Sansores, Citlalli Hernández, Martí Batres, Pedro Haces, Alejandro Gertz Manero, Arturo Zaldívar y Omar García Harfuch, entre otros.
La proximidad de estos personajes no es una coincidencia ni un suceso independiente. Por ejemplo, Arturo Zaldívar, que opera desde la oscuridad para posicionar a sus fieles como jueces, magistrados y ministros, se presenta junto a un letrado que se afirma experto en la defensa de narcotraficantes y delincuentes.
Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, promueve la repatriación del delincuente más buscado a nivel mundial, “El Mayo” Zambada, al mismo tiempo que convive con un letrado que suele proteger a narcotraficantes.
Omar García Harfuch, encargado de luchar contra el delito organizado y el tráfico de drogas, se fotografía con el individuo que se esfuerza por representarlos legalmente.
Si esto no demuestra la infiltración de figuras vinculadas al crimen organizado en la autoridad, ¿qué es?
El vínculo de estos abogados con el régimen supera la frontera del escepticismo. Desde 2018, Sergio Ramírez ha sido un activo militante de Morena y hasta se presentó como candidato a diputado suplente en 2021; además, ha brindado asesoramiento jurídico a los legisladores de Morena. Juan Pablo Penilla, su colaborador, recibió un homenaje en el Senado de la República ante senadores y senadoras de Morena, y fue nombrado asesor honorífico del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.
En el sexenio previo, Ramírez y Penilla también brindaron asesoramiento al gobierno federal mediante la Secretaría de Gobernación con la fracasada propuesta de “justicia transicional” promovida por López Obrador, un plan que pretendía llegar a un acuerdo con los cárteles bajo el estandarte de la pacificación. En resumen, estos letrados, reconocidos defensores de narcotraficantes, sugirieron la legalización de acuerdos con las organizaciones delictivas.
Lo más grave es que el gobierno les permitió participar en encuentros en Bucareli con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y Ricardo Peralta Saucedo, ex subsecretario y ex director de Aduanas, acusado de corrupción y conexiones con el crimen organizado, especialmente con el difunto Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”.
No se trata simplemente de un asunto de ética o de conflictos de intereses. Es un asunto de seguridad a nivel nacional.
El mensaje de Morena siempre ha simbolizado la batalla contra la corrupción y el régimen anticuado. No obstante, la proximidad de figuras de alto nivel de este partido con abogados de narcotraficantes evidencia que la corrupción no solo persiste, sino que ha evolucionado. Ya no se trata únicamente de políticos que reciben maletas de dinero en lo sombrío, sino de operadores jurídicos que tienen acceso directo a los suelos del poder.
Las relaciones entre abogados de narcotraficantes y altos cargos de Morena indican que la conexión entre la política y el tráfico de drogas se ha desvanecido. La cuestión ya no radica en si el cannabis ha impregnado la política, eso es evidente desde hace décadas. La interrogante es cuánto poder posee en la actualidad.
El principal cuestionamiento es: ¿cuánto impacta el crimen organizado en el gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿López Obrador fue el que fortaleció esta estructura y posteriormente la asumió?
En un país donde los denominados “abogados del narco” no solo protegen a delincuentes, sino que también orientan a gobiernos y legisladores, la reacción se hace cada vez más clara.
