El Prieto y la muerte que el poder quiso justificar
Cuando el Estado no puede proteger, busca excusas. Y cuando revictimiza, confirma su fracaso.
El asesinato de Alberto “El Prieto” Valencia, comerciante del mercado de abastos de Zapopan, y de su hija —una joven inocente que viajaba con él a bordo de un Lamborghini— no solo estremeció a Jalisco: desnudó la incapacidad del gobierno para proteger a la ciudadanía y la perversión de un discurso oficial que intenta justificar la muerte.
El gobernador Pablo Lemus declaró que “El Prieto no era empresario legítimo” y lo vinculó con “rifas colombianas y tráfico de armas”, mientras el secretario general de gobierno ofrecía una versión distinta, más cautelosa, reconociendo que las investigaciones seguían abiertas y que no había pruebas concluyentes sobre su presunta actividad criminal. Dos voces del mismo gobierno, dos versiones contradictorias, y una misma estrategia: minimizar el crimen revictimizando a las víctimas.
La revictimización como política pública
En México, el poder ha aprendido a revictimizar para evadir responsabilidad. Cuando el crimen organizado mata, el gobierno busca culpables entre los muertos. Cuando la violencia se desborda, los funcionarios se refugian en el desprecio. Y cuando la sociedad exige justicia, el discurso oficial responde con estigmas.
No importa si el asesinado era periodista, comerciante, activista o empresario: si incomoda, si no encaja, si no pertenece al círculo del poder, se le llama delincuente. Así se limpia la conciencia. Así se disfraza la incompetencia.
La incapacidad del Estado: una constante
El caso de El Prieto no es aislado. Es parte de una larga lista de asesinatos que exhiben la impunidad estructural y la ausencia de Estado. México acumula más de 30 mil homicidios dolosos al año, según el INEGI. La mayoría sin sentencia. La mayoría sin justicia.
El crimen organizado actúa con libertad porque el gobierno ha renunciado a gobernar. Y cuando la violencia toca a alguien incómodo, el poder se apresura a decir: “Algo debía”. “Se lo buscó”. “Tenía antecedentes”.
Pero incluso si así fuera —aunque hubiera cometido delitos—, el Estado no tiene derecho a justificar su ejecución. La justicia no se hace con balas. Y mucho menos con indiferencia.
La muerte de su hija: el límite moral que el poder cruzó
La hija de El Prieto no era delincuente. Era una víctima inocente. Una joven que murió por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, junto al padre que el gobierno decidió condenar sin juicio.
¿Acaso por eso debía morir? ¿Acaso la sangre de una niña puede lavarse con declaraciones políticas? ¿Acaso el poder cree que puede decidir quién merece duelo y quién merece desprecio?
Cuando el Estado justifica la muerte, se convierte en cómplice del crimen.
El silencio oficial también mata
La violencia en México ya no solo se mide en cuerpos: se mide en discursos. Cada vez que un funcionario revictimiza, mata dos veces: una con las balas que no evitó, otra con las palabras que usa para justificar.
El gobierno no puede proteger a la ciudadanía porque ha normalizado el desprecio. Y mientras siga culpando a los muertos para ocultar su incompetencia, México seguirá siendo un país donde la justicia se pronuncia en pasado.
Opinión — Notijal Porque incluso los muertos merecen respeto. Y el silencio del poder también es violencia.
