Familias de personas desaparecidas enfrentan abandono, riesgos y miedo por la infiltración criminal en cuerpos policiales
Las familias de personas desaparecidas en Jalisco enfrentan una crisis que va más allá de la tragedia personal: viven en un entorno donde las autoridades no brindan garantías, no protegen a los denunciantes y, en muchos casos, generan más temor que apoyo. En los municipios del interior del estado, la situación es todavía más grave. Las familias temen denunciar porque las represalias son directas y constantes, y porque los grupos criminales operan con total libertad en zonas donde el Estado prácticamente no existe.
La diputada Tonantzin Cárdenas Méndez, presidenta de la Comisión Especial de Desaparición de Personas, reconoció que las instituciones encargadas de la búsqueda están rebasadas y que la cifra negra de casos no reportados es enorme. Muchas familias son amenazadas, obligadas a retirar denuncias o intimidadas por actores locales. La falta de garantías es tan profunda que incluso acudir a una autoridad puede representar un riesgo.
A esto se suma un problema que ya ha sido corroborado por investigaciones federales y estatales: la infiltración criminal en corporaciones policiales. En distintos municipios se han documentado casos donde agentes detienen personas sin motivo para entregarlas directamente a los cárteles. Esta práctica, conocida y señalada por colectivos y organismos de derechos humanos, ha generado un clima de terror entre los familiares, quienes ya no confían en las instituciones y temen que denunciar pueda ponerlos en mayor peligro.
La propia legisladora señaló que existe un cuello de botella institucional en áreas como la Comisión de Búsqueda, Atención a Víctimas y Ciencias Forenses. La falta de recursos, personal y coordinación limita la capacidad del Estado para responder a la emergencia. Mientras tanto, los colectivos continúan realizando búsquedas con sus propios medios, enfrentando peligros que deberían ser atendidos por el gobierno.
Las familias también denuncian que los procesos de identificación son deficientes y tardados. En muchos casos, se les obliga a revisar álbumes enormes que no corresponden a las características de sus desaparecidos, lo que retrasa la búsqueda y aumenta el desgaste emocional.
En un contexto donde se ha confirmado la infiltración criminal en cuerpos policiales y donde existen registros de agentes que entregan personas a grupos delictivos, la falta de garantías por parte del Estado se vuelve aún más alarmante. Las familias no solo buscan a sus seres queridos: luchan contra un sistema que las revictimiza, las abandona y, en muchos casos, las pone en peligro.
La crisis de desapariciones en Jalisco exige una respuesta inmediata, profunda y transparente. Mientras las autoridades continúen negando la magnitud del problema o limitándose a reformas administrativas, miles de familias seguirán enfrentando solas una tragedia que el Estado tiene la obligación de atender.
