Violencia contra periodistas se agrava en el gobierno de Claudia Sheinbaum.
13 asesinatos confirmados por Artículo 19, cifras incompletas y un ritmo que podría cerrar el sexenio con números históricos
Durante los primeros 21 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, Artículo 19 confirma que han sido asesinados 13 periodistas en México. La cifra incluye homicidios cometidos en Puebla, Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Estado de México, en contextos donde los comunicadores realizaban coberturas locales, denunciaban corrupción o simplemente ejercían su labor informativa.
Sin embargo, esta cifra no representa la magnitud real de la violencia. Los registros oficiales y los conteos de organizaciones solo incluyen a periodistas reconocidos por empresas, medios formales o estructuras editoriales. Los comunicadores independientes, comunitarios, digitales, reporteros ciudadanos y creadores de contenido informativo no son considerados periodistas por el Estado. Sus asesinatos no se suman a la cifra oficial, no se investigan como ataques a la libertad de expresión y sus familias no reciben apoyo institucional. Esto significa que el número real de comunicadores asesinados durante el sexenio es mayor, pero permanece invisibilizado por criterios burocráticos que excluyen a quienes informan desde redes sociales, plataformas digitales o medios locales sin registro empresarial.
En México, informar sin credencial de un medio es suficiente para que el Estado niegue protección, reconocimiento y justicia. La violencia contra la prensa es más amplia que la cifra que aparece en los reportes.
En lo que va del año han sido asesinados cinco periodistas, entre ellos Manuel Alejandro Moreno Serna, localizado sin vida en Guerrero con señales de tortura, y la periodista veracruzana Roxana Berenice Guzmán, secuestrada por hombres armados y posteriormente asesinada.
Otros dos periodistas veracruzanos, Carlos Leonardo Ramírez Castro y Luis Ángel Valdés, también fueron asesinados este año. A esto se suman siete homicidios más ocurridos el año pasado, incluyendo el de Calletano de Jesús Guerrero, quien estaba bajo protección del Mecanismo Federal desde 2014 y aun así fue ejecutado.
La lista continúa con Kristian Uriel Martínez Zavala, fundador de un medio digital local; Raúl Irán Villarreal Belmont, secuestrado y ejecutado en Guanajuato; José Carlos González Herrera, asesinado al salir de un estudio de grabación; y Ángel Sevilla, ejecutado en plena vía pública en Sonora.
Incluso se han registrado casos donde los periodistas denunciaron corrupción minutos antes de ser asesinados, como Ronald Paz Pedro en Acapulco, quien transmitió en vivo las malas condiciones de un socavón antes de ser interceptado y ejecutado por hombres armados.
El primer periodista asesinado del sexenio fue Mauricio Cruz Solís, ejecutado en Uruapan en octubre de 2024, momentos después de entrevistar al presidente municipal sobre un incendio en el mercado Tariacuri.
Análisis aritmético del riesgo: el ritmo actual proyecta entre 30 y 43 periodistas asesinados al cierre del sexenio
Con 13 periodistas asesinados en 21 meses, el promedio es:
13 dividido entre 21 meses = 0.61 asesinatos por mes. Esto equivale a 7.3 asesinatos por año.
Si el ritmo continúa:
0.61 multiplicado por 72 meses de sexenio = 43 periodistas asesinados.
Incluso tomando la cifra más baja (9 asesinatos documentados por otras fuentes):
9 dividido entre 21 = 0.42 por mes. 0.42 multiplicado por 72 = 30 asesinatos en el sexenio.
Pero estas proyecciones no incluyen a comunicadores independientes, quienes también mueren, también son desaparecidos y también son atacados, pero no cuentan para el Estado. Si se sumaran, las cifras proyectadas serían aún mayores.
La violencia contra periodistas ocurre en un contexto donde las autoridades no brindan garantías, no protegen a los comunicadores y no investigan los crímenes con eficacia. A esto se suma un problema estructural: el Estado mexicano no reconoce legalmente a los comunicadores independientes como periodistas.
Esto provoca tres efectos graves: sus asesinatos no se contabilizan, sus familias no reciben apoyo ni acceso a mecanismos de protección, y sus casos se clasifican como delitos comunes, no como ataques a la libertad de expresión.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos han documentado que policías municipales y estatales están infiltradas por grupos criminales. En distintos estados se han registrado casos donde agentes detienen personas para entregarlas directamente a los cárteles. Esta práctica coloca a periodistas y comunicadores en un doble riesgo: ser atacados por criminales y ser traicionados por las mismas autoridades que deberían protegerlos.
Si el gobierno federal no interviene con medidas reales, profundas y urgentes, México podría enfrentar una de las peores crisis de violencia contra la prensa en su historia reciente. Y mientras el Estado siga negando la existencia de comunicadores independientes, la cifra oficial seguirá siendo una mentira estadística que oculta la verdadera magnitud del problema.
En México, informar sigue siendo una sentencia de muerte. Y muchos de los que mueren ni siquiera aparecen en la lista.
