Mandos navales y huachicol: la red criminal que operó dentro del Estado mientras el gobierno miraba hacia otro lado
Durante el sexenio pasado, el huachicol no solo se mantuvo: se transformó en una operación más sofisticada, más rentable y más protegida. La participación de mandos navales en el contrabando de combustible no fue un rumor ni una sospecha. Fue una estructura criminal incrustada dentro del Estado, operando desde aduanas controladas por la Marina, con nombres, grados y fechas que exhiben la profundidad de la corrupción.
El caso más grave es el del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, señalado como líder de una red de huachicol fiscal que operaba desde la aduana de Tampico. Su rango no era menor: vicealmirante, excomandante de la 12ª Zona Naval en Puerto Vallarta. Su arresto ocurrió el 2 de septiembre de 2025, cuando la Fiscalía General de la República documentó que cada buque que atracaba debía pagar una cuota de un millón setecientos cincuenta mil pesos para poder descargar combustible sin inspección. El dinero se repartía entre mandos navales y funcionarios de la Agencia Nacional de Aduanas de México. No era una operación improvisada. Era una aduana paralela.
El contralmirante Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante, también fue identificado como parte de la estructura conocida como Los Primos, que controlaba la aduana de Tampico. Ambos eran familiares del entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, uno de los funcionarios más cercanos al presidente. La red operó durante años sin ser desmantelada, mientras el discurso oficial aseguraba que el huachicol había sido erradicado.
Las investigaciones federales confirmaron que esta estructura criminal no solo movía combustible. También intimidaba, amenazaba y eliminaba a quienes intentaban denunciarla. Hubo muertes relacionadas con estas operaciones, aunque los nombres de las víctimas no fueron revelados por seguridad. Testigos protegidos declararon que marinos y aduanales participaban en desapariciones y agresiones contra personal que se negaba a colaborar. La violencia era parte del mecanismo de control.
La pregunta inevitable es si el presidente estaba enterado. No existe un documento público que pruebe que autorizó estas operaciones, pero la estructura jerárquica y la cercanía política entre la Marina y su gobierno hacen imposible ignorar el contexto. La red operó dentro de instalaciones federales, bajo mando militar, con familiares directos del secretario de Marina involucrados. El contrabando de millones de litros de combustible no es algo que pueda pasar desapercibido para los niveles superiores de gobierno. La administración tenía elementos para conocer la operación, pero no actuó hasta que el caso explotó públicamente en 2025.
El huachicol fiscal creció durante el periodo en que el presidente aseguraba que el problema estaba resuelto. La realidad era otra: la corrupción se había movido de las tomas clandestinas a las aduanas controladas por mandos navales. La operación no solo sobrevivió. Se institucionalizó.
La participación de mandos navales en el huachicol exhibe un Estado que permitió que estructuras criminales operaran desde dentro, protegidas por jerarquías militares y por un discurso político que necesitaba mostrar resultados. El costo fue enorme: combustible robado, millones perdidos, violencia contra denunciantes y una red criminal que se fortaleció mientras el gobierno presumía su combate al robo de hidrocarburos.
La historia no es de omisiones. Es de complicidades.
