La libertad de expresión y el fundamental derecho a criticar enfrentan momentos complicados; en todo el país se repiten acciones impulsadas por el poder que buscan acallar las opiniones y establecer una única narrativa que se alinee con los intereses de las élites gubernamentales.
Similar a lo que ocurrió durante los gobiernos del PRI, los funcionarios de Morena emplean todos los medios disponibles para amedrentar y callar a quienes consideran problemáticos. Aún más alarmante, buscan institucionalizar la censura mediante cambios en la legislación a nivel estatal.
En Puebla, la mayoría oficial favoreció la aprobación de la Ley de Ciberseguridad, la cual estipula penas de hasta tres años de prisión por ofensas en redes sociales. Con el argumento de luchar contra el acoso cibernético, esta nueva normativa otorga a las autoridades de la región el poder de actuar en contra de quienes manifiestan sus ideas en redes sociales.
Alejandro Armenta, el gobernador de la entidad, ya había mostrado públicamente su falta de tolerancia hacia las críticas al atacar a un comunicador y amenazarlo con acciones legales, por una publicación que posteriormente se demostró que no le correspondía al periodista.
Mientras tanto, en Campeche, la gobernadora Layda Sansores interpuso una demanda contra un periodista por presuntamente incitar al odio hacia ella. La persona afectada ya fue vinculada a un proceso judicial por la Fiscalía local y se le ordenó pagar una indemnización de 2 millones de pesos; además, se prohibió el funcionamiento de una plataforma noticiosa donde trabajó el demandado.
La gobernante del sureste parece haber olvidado que en un pasado reciente utilizó las redes sociales y la libertad de expresión para lanzar diversas acusaciones, muchas de las cuales no fueron verificadas, contra el líder del PRI, Alejandro Moreno.
Anteriormente, el gobierno federal había planteado en su propuesta para una nueva Ley Federal de Telecomunicaciones la posibilidad de bloquear plataformas digitales, incluyendo medios de comunicación, por supuestos incumplimientos a reglas impuestas por las autoridades.
El descontento social llevó a que esta propuesta fuera detenida, sin embargo, quedó al descubierto la tendencia del gobierno a querer controlar lo que se publica, siempre con el objetivo de censurar o limitar los contenidos que critican las fallas del régimen actual.
En Colima, desde los tiempos del PRI, es común ver la existencia de perfiles anónimos que hostigan a periodistas y comentaristas que no se alinean con las narrativas oficiales; además, se mantiene la dañina costumbre de excluir a todos aquellos comunicadores que resultan incómodos para los funcionarios. Nada ha cambiado con la transformación.
Con la representación de Morena, desde el poder se deslegitima y se desprecia a quienes no abrazan las narrativas oficiales. Se descalifica rápidamente a aquellos que optan por no adherirse al pensamiento homogéneo que claramente intenta instituirse con la Cuarta Transformación.
Los ciudadanos y comunicadores que ejercen su derecho a criticar durante los peores momentos del PRIAN y que ahora hacen lo mismo bajo el gobierno morenista, enfrentan la reacción del poder, son señalados y excluidos porque, en esencia, el sistema sigue siendo el mismo.
Al igual que sus predecesores, los líderes de Morena, tal vez debido a los antecedentes priistas de muchos de ellos, ven la crítica como un ataque malicioso, en lugar de reconocerlo como un ejercicio legítimo de derechos. Por ello, se sienten con la libertad de reprimir tales voces mediante diversos métodos, como se observa en varias partes del país.
La nueva élite en el poder denigra verbalmente a sus antepasados, pero en la práctica replican las viejas tácticas de control de medios. Utilizan los fondos destinados a la publicidad oficial para recompensar o castigar a quienes realizan su labor periodística, otorgando contratos a su antojo y dejando de lado la imprescindible promulgación de normativas claras en esa compleja interacción entre gobierno y medios.
La falta de transparencia, la censura y la persecución de voces críticas no se extinguieron con la desaparición del antiguo régimen, sino que, en muchos casos, estas prácticas se han intensificado y amenazan el ejercicio del derecho a la crítica. El disenso es mal visto y en algunos casos se criminaliza, tal como ocurría en los periodos más oscuros del pasado reciente. El respeto por la libre expresión es un indicador del avance democrático de un país y sus líderes, un objetivo que en México está muy lejos de ser alcanzado, considerando las acciones de las autoridades que adoptan los principios más represivos del priismo
